Alaya salpica al número dos de Díaz en los ERE y reúne pruebas contra Griñán

Alaya busca reunir más pruebas en el proceso abierto para implicar al expresidente, que ocupa ahora un escaño en el Senado, cuando remita la causa al Tribunal Supremo, el órgano competente para imputar a cargos aforados como él, el diputado Manuel Chaves y otros cinco exconsejeros señalados. Tras haberlo pedido el PP, que ejerce la acusación particular, requiere al Consejo de Gobierno de la Junta y a la Consejería de Hacienda (que dirigió Griñán entre 2004 y 2009) que le remita «de manera inmediata» los informes del interventor de los que haya dado cuenta desde 2001. Quiere conocer si tanto al expresidente como su antecesora, la exministra Magdalena Álvarez, informaron al órgano ejecutivo de los insistentes reparos legales que el interventor puso al mecanismo de financiación de los ERE .

La magistrada ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la posible participación del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU), en relación a una ayuda irregular de 1.009.368 euros a la empresa Centro de Limpieza Industrial de Huévar SL con cargo a la partida 31L o «fondo de reptiles», expresión acuñada por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Como en el resto de ayudas directas a empresas, la Administración considera nula esta subvención porque se concedió sin ajustarse a ninguna norma y ha pedido su reintegro. El abono se realizó en dos plazos entre 2006 y 2007.

El actual número dos de Susana Díaz era coordinador general de la coalición en 2006, cuando a la sociedad recibió los fondos. La firma, que ahora se denomina Clintex Lavandería Industrial SL tiene como administrador único a José Javier Román Díaz y está especializada en el tinte, lavado y planchado de ropas. Está radicada en Las Cabezas de San Juan, municipio sevillano que estaba bajo el mando de la federación de izquierdas cuando la antigua Consejería de Empleo, en la etapa de Manuel Chaves, le pagó más de un millón de euros mediante el fondo opaco de los ERE, un sistema diseñado para favorecer a «círculos próximos» a la Junta, según la tesis esbozada por la instructora en sus autos.

Con esta resolución, Alaya atiende parcialmente una solicitud del abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, quien implicó en la causa, en un escrito del 29 de noviembre, a Valderas y al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, uno de los dirigentes más próximos a Díaz y presidente del PSOE de Sevilla.

El letrado de Guerrero, uno de los principales actores en el caso por el supuesto «saqueo» de fondos públicos -que acumula 143 imputados-, sostiene que ambos «intervinieron muy activamente» en el reparto de ayudas procedentes del fondo opaco a las empresas Sevilla Siglo XXI (perteneciente a la Diputación) y Autologística de Andalucía SA, en el caso de Rodríguez Villalobos, y del Centro de Limpieza, en lo que respecta a Valderas. El abogado instaba a la instructora a interrogar a ambos «con el fin de acreditar la solvencia de dichas ayudas». La magistrada traslada el escrito a la UCO «para que investigue los hechos expuestos» y declina por ahora tomarles declaración aunque no cierra esta puerta en el futuro.

La irrupción del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y relaciones Institucionales en el caso ha creado gran nerviosismo en el Gobierno de Díaz, quien accedió al cargo con la promesa de luchar de forma «implacable» contra la corrupción. Fuentes del Ejecutivo recordaron que Valderas es aforado y que la juez no tiene competencias para imputarlo. En todo caso, matizaron, sólo puede investigar la veracidad de la denuncia.

El vicepresidente, por su parte, aseguró que ha sido «injustamente señalado» en el caso . «Yo en este momento considero desconocerlas, no me consta conocer ningún tipo de actividad referida a mis gestiones como coordinador de IU en este tema. Yo no era diputado ni miembro del Consejo de Gobierno entre 2004 y 2008», advirtió.