Guerra abierta entre el fiscal y el juez del caso Nóos

El movimiento del fiscal es relevante, tanto por lo que supone de escalada de tensión en la guerra jurídica abierta con el juez, como por el hecho de que le pide expresamente que los dos inspectores de la Agencia Tributaria declaren como peritos antes de que lo haga Doña Cristina, a las diez de la mañana del 8 de febrero. Eso obligará al magistrado a ver cómo los dos técnicos de Hacienda desmontan sus argumentos para imputar a la Infanta un delito fiscal antes de la comparecencia de ésta. Como es lógico, Castro podría no acceder a la petición de Horrach, pero una decisión así le dejaría en evidencia ante la opinión pública, un escenario también se libra esta batalla.

Las fuentes consultadas afirman que Castro conocía que el fiscal iba a pedir esas declaraciones, pero lo que probablemente no imaginaba es que el escrito iba a ser una enmienda a la totalidad de su actuación respecto a la hija de Los Reyes, y en esos términos.

Horrach justifica su petición de llamar a declarar a los dos inspectores de Hacienda: primero, en «la necesidad de someter a ratificación, ampliación y contradicción los informes elaborados» por estas personas, que han sido «cuestionados por el instructor»; y segundo, para «dotar de amparo a los funcionarios que en el ejercicio de labores de auxilio judicial, dependientes por tanto funcionalmente del magistrado al que me dirijo, han sido objeto de imputaciones e insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional».

El fiscal pide asimismo la declaración de la responsable del procedimiento administrativo de inspección abierto a primeros de 2011 al Instituto Nóos, a las sociedades Intuit S.L., Virtual S.L., Aizoon S.L., Nóos Consultoría Estratégica S.L. y a las personas físicas Diego Torres, Iñaki Urdangarín y la mujer del primero, Ana María Tejeiro.

No está de más precisar, tal como hace Horrach en su escrito, que esa actuación se abrió tras recibirse de la Organización Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) una comunicación relativa a un movimiento de billetes de 500 euros por parte del Instituto Nóos y Tejeiro.

Castro criticó en su auto que en ese momento ya se dejara al margen a la Infanta y el Ministerio Público quiere que la inspectora le recuerde todas las actuaciones que se hicieron, de las que el instructor estuvo permanentemente al tanto, hasta el punto de firmar resoluciones judiciales sobre ese asunto. Es más; fue el trabajo de esta técnico de Hacienda el que permitió imputar en su momento a Torres y a Urdangarín delitos fiscales.

Finalmente, Horrach solicita que declaren de nuevo los representantes de las empresas de las que Urdangarín cobró a través de Aizoon, e incluso también la inspectora jefe de la Policía que ha liderado la investigación.

En el escrito, de 14 folios, el fiscal desmonta todos los razonamientos jurídicos del magistrado, en ocasiones con ironía, como la que tanto utiliza Castro en sus autos. Así, le advierte de que en un proceso penal las «dudas» a las que alude el instructor «no sirven como base para una imputación», pues equivalen a la «mera conjetura, sospecha o manipulación».

En otro momento le recuerda, «con todos los respetos», eso sí, la diferencia que desde un punto de vista fiscal y contable hay entre un ingreso -que se produce en el momento en que se emite la factura- y un cobro, que es cuando realmente se ingresa el dinero. El fiscal sale al paso así de la afirmación del juez de que Aizoon recibió ingresos entre 2006 y 2008 de Nóos.

Pero donde más se detiene el fiscal es en las tres facturas de 2007 y por valor de 69.900 euros, cruzadas entre Intuit (Diego Torres) y Aizoon (Urdangarín), y que sirven a Castro para imputar el delito fiscal a la Infanta a través de la sociedad que compartía con su marido. Recuerda Horrach que Hacienda levantó el velo societario de Nóos, lo que incluía a esas sociedades. Por tanto, es obligado atribuir las ganancias y gastos a las personas físicas y no las firmas. Esas facturas, como todas las cruzadas entre entidades del grupo, son falsas y se trata de un ajuste del reparto de beneficio entre los dos socios, cuando Urdangarín abandona el Instituto Nóos. «Si el juez tiene otra teoría -reta el ministerio público- es hora de que la exponga».

Y reflexiona: si el juez duda de la correcta tributación de determinadas ganancias, cómo se puede imputar a Doña Cristina «ajena a la administración de la sociedad , por presuntamente conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos de Aizoon». Ahora la pelota queda en el tejado del juez, que hoy decidirá.