ETA reclamó 134 millones de euros en «impuesto revolucionario» de 2005 a 2007

El fiscal, Jean-François Ricard, precisó que el monto global de la extorsión que llevó a cabo la organización terrorista es una extrapolación de los títulos de una lista de documentos que estaban encriptados y cuyo contenido no ha podido ser descodificado por las fuerzas del orden.

A partir de otro correo, que sí que se pudo leer, dirigido al empresario Miguel Catalán al que se reclamaban 75.000 euros, y cuyo título en el soporte informático terminaba con las cifras 75 se entendió que los otros títulos respondían a un código alfanumérico que respondía a la misma lógica.

Los 134 millones de euros salen de la suma de las cantidades que los policías han extraído de esos códigos que supuestamente identifican a los empresarios a los que la organización terrorista se propuso extorsionar, pero a los que no se ha podido relacionar con nombres y apellidos.

En otros ficheros también en posesión de Sirvent al ser capturado en París el 10 de abril de 2009, que no estaban codificados, y que se referían a abril, mayo y junio de ese año, con 55 cartas de extorsión que iban a ser enviadas durante esos meses, la banda exigía entre 60.000 y 300.000 euros por empresario. De media, ETA se disponía a reclamar un millón y medio de euros cada mes en ese periodo.

La abogada de la defensa Amaia Recarte ha criticado las deducciones hechas por los investigadores a partir de unas listas de códigos alfanuméricos, cuya interpretación a su juicio no es suficientemente sólida para justificar las inculpaciones contra Sirvent por extorsión de fondos y tentativa de extorsión.

El presidente del tribunal, Jean-Paul Albert, se ha dirigido al acusado para saber si él podía descifrar los archivos codificados que tenía en su poder y así salir de dudas sobre la interpretación de su contenido. La respuesta del etarra ha sido: «No tengo absolutamente nada que decir».

Auger Latife ha dado cuenta de otros archivos requisados al acusado, y en particular de uno con el nombre de Uría dentro del directorio dedicado a la estructura de extorsión de la banda «Gezi», y referido al empresario Ignacio Uría Mendizábal, asesinado por ETA el 3 de diciembre de 2008 .

De acuerdo con el análisis del teniente de la brigada financiera, la presencia del nombre del directivo de la compañía Altuna y Uría hace pensar que el atentado que le costó la vida tuvo que ver con su negativa a pagar el «impuesto revolucionario» y no con que su empresa trabajara en las obras del tren de alta velocidad en la llamada «Y» vasca.

El policía también presentó otro documento en el que Sirvent mostraba su «voluntad de definir una nueva estrategia de cobro del impuesto» para hacerlo más eficaz. Puso el acento en que «los datos que llevaba encima (...) sólo los podía tener alguien que estuviera muy implicado en la estructura» de extorsión, hasta el punto de que «tenía todas las atribuciones» para poder suceder a Ainhoa Ozaeta, a la que se considera que entonces era la jefa.

Ozaeta, arrestada en mayo de 2008 en Burdeos, se sienta también en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París desde el pasado 25 de noviembre junto a él y Peio Sánchez Mendaza, que por su parte fue capturado en abril de 2005.