Perplejidades: ¿de qué tiene que arrepentirse Carromero?

De acuerdo con las prácticas habituales en las dictaduras -y es muy triste tener que recordar a los españoles que la cubana es una de las dictaduras más criminales de la Historia-, las autoridades cubanas le obligan a grabar un vídeo en el que, con voz temblorosa (no es para menos cuando estás preso en un régimen en el que la vida de las personas -sobre todo si no son del Partido- no vale nada) y mirada perdida, Carromero se autoinculpa de haber cometido infracciones de tráfico y da por buena la versión del accidente de los castristas. A las pocas semanas se celebra el «Juicio Popular» contra el joven español y es condenado a cuatro años de cárcel por el delito de homicidio imprudente. Excuso decir las nulas garantías que rodean ese juicio. A día de hoy las autoridades cubanas siguen negándose a entregar la autopsia a la viuda de Oswaldo Payá, Ofelia Acevedo.

Las gestiones del Gobierno español, al amparo de un Convenio entre Cuba y España sobre ejecución de sentencias penales firmado en 1998, consiguen que Carromero sea trasladado a una cárcel española, la de Segovia, el 29 de diciembre de 2012. Tras un mes en la cárcel española, a Carromero se le concede el tercer grado, por lo que se le permite salir con una pulsera que le mantiene permanentemente localizado y teniendo que ir a dormir a la cárcel.

Hasta aquí ya hay motivos más que suficientes para estar preocupados por la sumisión que la dictadura comunista cubana impone a la democracia liberal española. Porque reconocer como buenas las versiones de ese accidente que da una dictadura sanguinaria como la cubana es mucho reconocer.

Hay que tener en cuenta que ese accidente ha tenido una especial repercusión en Cuba, pues Oswaldo Payá era uno de los disidentes más prestigiosos, si no el más, y todo el mundo estaba convencido de que sería un hombre clave en el proceso de transición a la democracia que, antes o después, tendrá que afrontar esa república hermana. Pero lo que ya resulta mucho menos comprensible para las personas que creemos en la necesidad de luchar contra las dictaduras en la medida de nuestras posibilidades y de reconocerles la menor legitimidad posible son las dos últimas actuaciones de la Audiencia Nacional española en relación con este caso.

Primero ha sido el informe de la Audiencia oponiéndose a que el Gobierno concediera el indulto a Carromero, que había solicitado la familia de Oswaldo Payá, acogiéndose al artículo 13 de ese Convenio entre Cuba y España que expresamente permite que cada parte pueda conceder indultos, amnistías o conmutaciones de pena. La Audiencia, para oponerse al indulto, argumenta que Carromero tenía seis multas de tráfico y que no muestra arrepentimiento. ¿De qué tiene que arrepentirse Carromero? ¿De haber ido a Cuba a mostrar su apoyo y solidaridad a un heroico disidente que luchaba por la libertad frente a un régimen despótico, como han hecho dos docenas de diputados del Congreso? ¿De haber tenido un accidente, que nadie ha investigado, en el que, curiosamente y como suele ocurrir en las dictaduras comunistas, mueren de forma inexplicada dos opositores que resultan molestos al régimen?

Si esta actuación de la Audiencia Nacional suscita la perplejidad, aún más la suscita el rechazo de la Fiscalía a admitir a trámite la querella presentada por la familia de Oswaldo Payá contra dos mandos del Ejército cubano por la muerte del disidente. Porque, y esto es muy importante, Payá, aparte de haber sido premio Sajarov del Parlamento Europeo a los Derechos Humanos, resulta que era ciudadano español. Y la misma Audiencia que ha mostrado frecuentemente, y me parece muy bien, interés por encausar a los responsables de la desaparición de ciudadanos de origen español en las dictaduras del cono sur en los años setenta, ahora da por buena la versión de la dictadura castrista y le dice a la viuda y a los hijos del español Payá que España, su patria, no va a hacer nada por averiguar qué ha pasado en la extraña muerte de su marido y padre.

Estas dos resoluciones están, como tantas veces en los asuntos judiciales, aderezadas con todo tipo de razonamientos que, en el fondo, sólo demuestran que España reconoce a Cuba como si fuera un país normal en el que rige el estado de derecho y las garantías procesales para los penados. Se podría aceptar ese reconocimiento si sirviera para mejorar la situación de aquellos españoles que encausa el régimen cubano por delitos comunes. Pero resulta absolutamente incomprensible que España acepte los razonamientos de ese régimen cuando se trata de un caso en el que han muerto dos destacados opositores al régimen, uno de ellos español de nacionalidad, y cuando las explicaciones de las circunstancias de su muerte son claramente insuficientes.

En España tenemos que aprender que, ante los totalitarios, el appeasement (apaciguamiento) con los dictadores, como muy bien nos ha demostrado la Historia desde Múnich en 1938 con el pobre Chamberlain de tonto inútil, no sirve para nada, y que la única forma eficaz de defender los intereses de los españoles y de la libertad frente a esas dictaduras es plantarles cara.