Segundo varapalo, ahora del nuevo TC, al desafío secesionista catalán de Mas

La vigencia y eficacia de esa declaración, que define al pueblo catalán como «sujeto político y jurídico soberano», quedaba automáticamente suspendida durante cinco meses contados desde el 8 de marzo, fecha en la que la Abogacía del Estado presentó su impugnación . Pero el pasado 7 de junio, los letrados del Parlamento de Cataluña solicitaron el levantamiento inmediato de la suspensión, lo que ha obligado al Pleno a tener que pronunciarse de nuevo antes de que transcurrieran esos cinco meses.

De esta forma, la declaración sobenanista estará paralizada ahora todo el tiempo que sea necesario mientras los magistrados resuelven sobre el fondo , pues se trata de «una cuestión de gran trascendencia constitucional», según reconocen en la providencia dictada ayer. Fuentes del TC subrayaron la importancia de la unanimidad del Pleno en una cuestión tan sensible y resaltaron que es voluntad del nuevo Tribunal Constitucional (con una mayoría conservadora 7-5) que en cuestiones delicadas por su trascendencia política haya, mientras sea posible, «planteamiento integrador».

«Sujeto político y jurídico»

El TC acordó el pasado abril solicitar al Parlamento de Cataluña que le comunicara si la declaración soberanista aprobada el 23 de enero, la recurrida por el Gobierno, está vigente o bien fue «sustituida íntegramente» por la posterior resolución votada el 13 de marzo. En esta última, a la que ya se sumaron los socialistas catalanes, se omitía la calificación de Cataluña como «sujeto jurídico y político soberano» que sí figuraba en la primera. El Parlamento catalán, en lo que se interpretó como un nuevo desafío , respondió que consideraba válidas las dos.

El emplazamiento del TC creó entonces cierto malestar en un determinado sector del Tribunal, que no entendía por qué se preguntaba por un acuerdo posterior al impugnado que no era objeto de debate ni de mención alguna en el recurso de la Abogacía.

«Seguiremos adelante»

Las reacciones a la ratificación de esta suspensión no se hicieron esperar. El portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, aseguró que «no se puede suspender ni anular la voluntad de un pueblo que se mantiene tercamente comprometido para ser consultado sobre el futuro político del país» y advirtió de que esta decisión no altera su «hoja de ruta» . En un auténtico desafío a los Tribunales, Turull dijo que los diputados de CiU estarán «al servicio y asumiendo las consecuencias del mandato del pueblo de Cataluña de poder ser consultado» y anunció que seguirán con el proceso desde la radicalidad democrática, el diálogo, la legalidad, la transparencia y la participación.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de ERC, Marta Rovira, acusó al TC de aplicar «criterios políticos» y no argumentos jurídicos para suspender esta declaración soberanista, y pidió «profesionalidad» a los magistrados cuando entren a valorar la cuestión de fondo.

«Actitud fiscalizadora»

En la misma línea, el diputado de ICV-EUiA en el Parlamento catalán Jaume Bosch ve «injustificada» la decisión del TC, que demuestra, dijo, que el Tribunal «está mirando con lupa» todo lo que aprueba el Parlamento catalán y, en vez de abogar por el diálogo con las instituciones catalanes, tiene «una actitud fiscalizadora», informa Ep.