La Fiscalía descarta acusar a los Duques de Palma por la contratación de empleados ficticios

Anticorrupción ha tomado la decisión de no acusar ni a la hija del Rey ni a su marido por fraude a la Seguridad Social después de estudiar de forma detallada durante una semana el informe que la Agencia Tributaria ha entrado al juez del caso Nóos, José Castro . En ese atestado se desvela que Aizoon, la empresa de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín , llegó a tener, al menos, 15 empleados ficticios. Contratos que, según los técnicos de Hacienda, el matrimonio usó para defraudar a la Seguridad Social durante, al menos, seis ejercicios, desde 2004 a 2009.

Hacienda, tras constatar que al menos la mitad de los 30 empleados de Aizoon jamás trabajó para la firma, concluía que el matrimonio real había hecho «un uso indebido del beneficio fiscal (libertad de amortización) asociado a los incrementos de una plantilla que se ha evidenciado huérfana de relación actividad económica ninguna». Entre esos empleados fantasmas estaban incluidos los trabajadores que fueron contratados en presencia de la propia Cristina de Borbón como servicio doméstico en el palacio de Pedralbes (residencia de los Duques) y que además se encargaban del cuidado de sus hijos.

Sin embargo, para la Fiscalía, esas contrataciones no habrían supuesto un delito porque la legislación aplicable en esos años exigía que la cantidad defraudada a la Seguridad Social por ejercicio superara los 120.000 euros y, según los primeros cálculos, la cifra que los Duques de Palma habrían dejado de pagar quedaría bastante lejos.

Endurecimiento

Fuentes de Anticorrupción explican que con el actual endurecimiento del Código Penal en la lucha contra el fraude que entró en vigor el pasado 18 de enero sí que hubiera sido posible imputar al menos a Urdangarín, como socio administrador , por un ilícito contra la Seguridad. La última reforma redujo de 120.000 a 50.000 la cantidad mínima defraudada para hablar de ilícito penal, pero sobre todo incluyó un nuevo artículo en el código, el 307 ter, que sí que hubiera supuesto la posibilidad de reclamar cárcel para el exdeportista y, quizás, para la socia no administradora de Aizoon, la infanta. Ese precepto, que no establece ya una cantidad mínima a defraudar, castiga con hasta tres años de cárcel a «quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos (.) causando con ello un perjuicio a la Administración Pública».

El fin de la vía penal para perseguir las supuestas irregularidades del matrimonio Urdangarín-Borbón con sus empleados, no cierra la vía administrativa , que podría desembocar en una importante multa para la hija y el yerno de don Juan Carlos. El fiscal Pedro Horrach -explicaron fuentes del proceso- va a remitir a la Seguridad Social el informe de Hacienda que apunta a que buena parte (si no toda) la plantilla de Aizoon era ficticia, a fin de que los técnicos de este organismo elaboren un informe más pormenorizado y determinen oficialmente cuántos trabajadores eran «fantasmas» y cuál es la cuota final defraudada. Y llegado el caso, para que actúen por la vía administrativa contra los duques por la simulación de contratos.

Anticorrupción insiste en que si la Seguridad Social dejara abierta en su informe alguna posibilidad para actuar penalmente contra los dos dueños de Aizoon, se replantearía su decisión no acusarles de fraude. Así las cosas, y descartado este nuevo ilícito que podría haber supuesto una petición fiscal de tres años más de cárcel, Iñaki Urdangarín, por el momento, se enfrentará a un proceso en el que la acusación pública, si el duque no se aviene a un pacto y a reconocer los delitos, le reclamará 17 años de prisión como autor de tres delitos fiscales (dos de ellos referidos a Aizoon), malversación, fraude a la Administración y prevaricación.