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España / 'caso nóos'

La Agencia Tributaria no ve indicios de que Doña Cristina cometiera delito fiscal

Día 24/05/2013 - 12.28h
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La Abogacía del Estado, que defiende a Hacienda, se opuso a que se la investigase

efe

La Agencia Tributaria no tiene ni un solo indicio de que Doña Cristina haya cometido un delito fiscal. Así lo advirtió en su primer informe de febrero pasado, que la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ya analizó en el auto en el que suspendía la imputación de la Infanta, y así lo mantiene ahora, después de haber seguido analizando durante este tiempo toda la documentación de que dispone.

El informe de febrero, como ya informó ABC en su momento, no era definitivo, y de hecho a eso se agarró la Sala para pedir al juez de Instrucción, José Castro, que investigara la posible comisión de un delito fiscal por parte de Doña Cristina y, alternativamente, otro de blanqueo. La solicitud causó extrañeza en la Fiscalía y en otras partes personadas en el proceso, pues para sostener una acusación de ese tipo es necesario contar con los informes de peritos independientes, en este caso de Hacienda, y éstos ya se habían pronunciado en sentido negativo.

En contra

No obstante, el juez Castro preguntó a todas las acusaciones si consideraban necesario investigar a la Infanta por estos delitos. El fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, no se opuso a ello, a pesar de que ya era muy consciente de que no había ni un solo dato que la implicase, si bien tampoco era lógico negarse a que se practicara alguna diligencia más en ese sentido. Manos Limpias, por su parte, se sumó de forma entusiasta a que se abriera esa línea de trabajo —algo lógico dada la postura que ha mantenido durante toda la instrucción—, al contrario que la Abogacía del Estado, que informó en contra de que se realizaran esas pesquisas por considerarlas inútiles.

Hay que recordar que la Abogacía del Estado defiende en el caso Nóos los intereses de Hacienda y, por tanto, solo está personada para los delitos fiscales. Al conocer que la Agencia Tributaria insistía en que no había posibilidad de acusar a Doña Cristina de ellos, anunció su oposición a esa investigación. Esa postura era la señal más evidente de que no hay pruebas contra ella.

No obstante, fuentes consultadas por ABC afirman que de forma inminente el juez Castro podría dictar un auto en el que pedirá a la Agencia Tributaria que investigue la existencia de un delito fiscal, aunque es consciente de que salvo sorpresa de última hora la misma no llegará a buen puerto. Es posible, incluso, que decida que se incorporen a la causa las diez declaraciones de la Renta de la Infanta que solicitó en su día, ya en su poder y que aún están pendientes de engrosar el voluminoso sumario, que ya ocupa 35 tomos. Aunque obviamente esos documentos no han sido analizados al no ser el momento procesal para ello, no se espera que ofrezcan sorpresa alguna. De hecho, en las mismas figurarán sus ingresos como empleada de La Caixa y aquellos que recibió de la Casa Real, y en ambos casos son absolutamente transparentes.

«La posibilidad de imputarle un delito fiscal se da por perdida», sostienen las fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC. «La Agencia Tributaria no ve nada para sostener esa acusación porque no hay nada para hacerlo». Y ante las versiones que apuntan a que Hacienda no encuentra nada porque no lo busca, los mismos medios recuerdan que «a Iñaki Urdangarín se le imputa un delito fiscal cometido a través del IRPF gracias a los técnicos de la Agencia Tributaria, que lo descubrieron sin que ni el juez, ni la Fiscalía tuviesen el mínimo indicio de que se había producido. Los expertos analizan toda la documentación —y en este caso es especialmente abundante— y llegan a sus conclusiones de forma absolutamente independiente. Quien lo dude es que no conoce cómo trabajan».

Lo cierto es que la solicitud de la Sección Segunda de la Audencia de Palma sobre este particular resultó sorprendente para la Fiscalía y la Abogacía del Estado: «Intentar ahora acusar a la Infanta de un delito fiscal cometido a través de Aizoon —la sociedad que comparte con su marido, Iñaki Urdangarín—, sería catastrófico, pues devolvería la investigación al punto inicial en este campo».

Precisamente al Duque de Palma se le pudo imputar un delito fiscal a través del IRPF porque los expertos consideraron que todos los trabajos de consultoría que facturó a través de su mercantil eran en realidad rendimientos del trabajo, por tanto no imputables a ella. Al haber facturado a través de Aizoon, Urdangarín se benefició de una serie de ventajas fiscales a las que no tenía derecho, según la Agencia Tributaria. «Pero es que además el único que hacía ingresos en la sociedad era él; jamás Doña Cristina facturó un solo euro a través de la mercantil», sostienen las fuentes.

Por supuesto, si la posibilidad de imputar a la Infanta un delito fiscal es inexistente —su declaración ante el juez, por tanto, no se produciría—, pretender acusarla de blanqueo es aún más improbable. «El auto de la Sección Segunda, que en algunos momentos es desconcertante, dice que Doña Cristina no conoció ni participó en ninguna de las irregularidades cometidas por el Instituto Nóos. A partir de esa afirmación es imposible defender que ha blanqueado un dinero que en ningún caso sabe que es de origen ilícito», concluyen las fuentes.

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