Los sindicatos piden tener menos obligaciones en la ley de la Transparencia

Durante su intervención en la Comisión Constitucional, Rodolfo Benito Valenciano , secretario de estudios de Comisiones Obreras, ha considerado que l os sindicatos «no pueden asimilar sin más la obligación de publicidad activa» prevista para la Administración en el anteproyecto sino que, en su caso, «debe quedar limitada a los recursos públicos que gestionan». En concreto, plantean que el principio de publicidad activa no debe alcanzar a la «publicación de las actas internas» ni «a las estrategias de los sindicatos frente al Gobierno, la patronal o de cara a la negociación colectiva no pueden ser conocidas previamente».

En esta línea, ha alertado de que la nueva ley puede suponer una limitación del ejercicio de la libertad sindical y por tanto una «injerencia del poder público» en su funcionamietno en tanto en cuanto puede elevar el control y la intervención del Estado sobre sus fondos. «Siempre hay que preservar el principio de libertad sindical y la autoorganización. En ningún caso se puede vulnerar». «Hay que revisar los puntos que marca la ley y revisar como aplicarlos a los sujetos que se han incorporado al final, porque esta ley estaba pensada para la Adminsitración», ha señalado Frederic Monell i Lliró, secretario de participación sindical de UGT.

Benito también ha advertido que «tampoco cabe confundir la posición de los sindicatos con la de los partidos políticos» en cuanto a las incompatibilidades previstas de cargos públicos ya que son las formaciones políticas «las que asumen el poder legislativo» y no los sindicatos. Monell, además, ha puesto el acento den el «carácter asimétrico de esta medida» ya que a diferencia de los partidos políticos, no se ha desarrollado una ley de financiación para estas organizaciones ni tampoco una norma sobre «su participación institucional que defina su presencia en la organización, gestión y evaluación de las políticas públicas y en el proceso legislativo». Por ello, ha reclamado tanto el desarollo de un régimen financiero económico y fiscal como una «regulación unitaria» sobre la participación de las centrales sindicales.

En cambio, el representante de UGT sí ha abogado porque los medios de comunicación y también el sector bancario queden incluidos en la nueva ley, ya que realizan una función social y reciben fondos públicos. «Lo que no puede ser que unos sí estén y otros no» se ha quejado al tiempo que ha pedido a los grupos una «reflexión» sobre esta posibilidad. «Habrá que ver cuál es el ámbito se aplicación y que se entieende por función pública» ha defendido para considerar que todas las instituciones con una función social y ayudas públicas deberían estar incluidas.

En cuanto a los efectos de la nueva ley, el representante de CC.OO. ha considerado que será insuficiente para llevar a cabo la regeneración política y profundización democrática que España necesita ya que «estamos ante el más brutal deterioro que nos podíamos imaginar, sin precedentes». Por ello, ha coincidido con Monell en reclamar a los grupos que esta iniciativa se acompañe de una completa batería de medidas, incluyendo preceptos «para la limpieza de las cuentas públicas» que estén dotados del amparo legal necesario a través de una reforma de la Constitución de 1978.

«Un palo más o un apoyo»

El diputado socialista José Enrique Serrano ha reconocido que efectivamente la inclusión de los sindicatos en la nueva ley, pensada inicialmente a la Administración Pública, presenta problemas jurídicos y que es «inaplicable a los sindicatos en criterios estrictos tanto en las como obligaciones como en el control y las sanciones». En general, los grupos se han mostrado partidarios de definir qué criterios deben fijarse en el caso de las obligaciones y sanciones a organizaciones distintas de la Administración.