La incoherencia delata a los socialistas

Sacyr Vallehermoso facturó al Ministerio Fomento casi 6.700 millones de euros entre 1996 y 2011. Aproximadamente un tercio de esa cifra, 1.565,86 millones de euros, corresponden a la etapa de José María Aznar. El resto, 5.095,34 millones fueron adjudicados entre los años 2004 y 2011, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

2. FCC

Con el PSOE, 2.000 millones más

FCC Construcciones facturó 2.000 millones de euros más con el PSOE en el Gobierno que con el Partido Popular: 2.639,94 millones frente a 4.583,71. Los contratos se repartieron entre ADIF -obras de la Alta Velocidad, principalmente- y el resto de áreas de Fomento. Las cifras desglosadas son proporcionales, ya que con el PSOE ACS ejecutó mil millones de euros más en cada capítulo.

El expresidente de la compañía, José Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, declaró como imputado el pasado martes en la Audiencia Nacional.

3. SANDO

Multiplicó por cinco su negocio

El Grupo Construcciones Sánchez Domínguez SANDO, multiplicó casi por cinco su facturación al Ministerio de Fomento tras el cambio de Gobierno de 2004. En la etapa de Aznar había logrado contratos por valor de 369,64 millones de euros, que se dispararon hasta los 1.717,22 millones del periodo 2004-2011.

Grupo Sando, presidido por José Luis Sánchez Domínguez, también imputado, logró con Zapatero 1.289,95 millones de euros de Fomento, además de los 427,27 de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

4. OHL

No logró cuatro contratos del PP

En la documentación que el Gobierno remitió ayer al Congreso de los Diputados a petición del PSOE no figuran cifras globales de contratación de OHL. Sí aparece que la multinacional presidida por Juan Miguel Villar Mir se presentó a cuatro concursos de construcción de otros tantos tramos del AVE Madrid-Barcelona-Francia en el año 2000, pero no consiguió ninguno de ellos. Villar-Mir declaró al juez Ruz que su empresa ha donado dinero a la fundación del PP -FAES-, así como a entidades sin ánimo de lucro ligadas a CC.OO. y UGT, entre otras.

5. AZVI

Triplicó sus adjudicaciones

El Grupo Azvi triplicó su cifra de negocio con Fomento después de que el PSOE ganara las elecciones del 14 de marzo de 2004. La constructora encabezada por Manuel Contreras Caro había facturado en la etapa de José María Aznar 725,62 millones de euros. Después, y hasta el año 2011, los contratos públicos que consiguió de manos del Ministerio de Fomento superan los 2.000 millones de euros, concretamente 2.169,67.

El mayor incremento lo registró en el área «Grupo Fomento», que pasó de los 381,4 millones del PP a los 1.391,89 con el PSOE.

6. ALDESA

Quintuplicó los contratos con ADIF

La constructora Aldesa multiplicó por cinco el importe de los contratos públicos que obtuvo de ADIF en la etapa del Partido Socialista respecto a la del Partido Popular. La compañía que preside Juan Manuel Fernández Rubio había logrado contratos públicos del ente de infraestructuras ferroviarias por valor de 200,71 millones de euros entre los años 1996 y 2004. Tras el relevo en la Presidencia del Gobierno, Aldesa alcanzó los 935,88 millones. Respecto a la contratación con Medio Ambiente, fue equitativa: 15,8 millones con el PP y 16,2 con el PSOE.

7. HISPÁNICA

Imputado por Gürtel y Bárcenas

Constructora Hispánica no figura en el informe del Ministerio de Fomento que responde a las preguntas del Grupo Parlamentario Socialista.

El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, está imputado tanto en la pieza separada de los llamados «papeles de Bárcenas», como en la principal, Gürtel. Su empresa era una de las más importantes que, según la investigación, pagaba comisiones a la red tejida por Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Hispánica quebró y fue vendida a otro grupo.

8. RuBAU

Militante del Partido Popular

De esta constructora tampoco hay datos de contratación en la respuesta parlamentaria del Gobierno. Ayer, el que fuera apoderado de Rubau, Antonio Vilella, declaró como imputado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. Sostuvo que, como militante del Partido Popular, participó en una comisión de infraestructuras desde la que asesoró a miembros del partido y a cargos de la Administración central, autonómica y local, siempre sin recibir contraprestación económica alguna.