Pujol, Maragall y Montilla tienen tres secretarias, chófer y pensión hereditaria

Las cifras, extraídas de los Presupuestos, no incluyen los chóferes, ni el gasto que implican los coches oficiales o suministros generales de estas Secretarías, que comportan un desembolso global para las arcas públicas catalanas que el Gobierno de Artur Mas no ha facilitado a ABC, aunque diversas fuentes coinciden en que supera ampliamente el millón de euros cada ejercicio.

La ley catalana que regula estos privilegios, aprobada por Pujol en sus últimos meses en el poder, es, con diferencia, la más suntuaria de cuantas rigen en las Comunidades. Y lo es, no sólo porque las oficinas de representación son un derecho ilimitado en el tiempo y las mejor dotadas -tres puestos de trabajo más conductor-, sino, además, porque, a su cese, quienes disfrutaron del título de «Molt honorable» pueden acceder a jugosas compensaciones económicas: sueldos de indemnización, pensión transferible a sus viudas e hijos menores y escolta.

Sin alcanzar semejante régimen económico, el País Vasco figura como la única autonomía de España, aparte de Cataluña, en la que todos sus ex mandatarios gozan de una oficina costeada por los ciudadanos, también por periodo ilimitado. Carlos Garaicoetxea (1980-1985) la instaló en Pamplona, mientras que las de José Antonio Ardanza (1985-1999) -que decretó el estatuto de los exlendakaris al final de sus mandatos- y Juan José Ibarretxe (1999-2009) están en Vitoria. Patxi López, secretario del PSE y portavoz parlamentario autonómico, ha renunciado de momento al despacho.

Juntos, los alquileres de sus locales se presupuestaron en 2012 en 45.023 euros, a los que se añaden 2.500 más en luz, 2.200 en gas, 800 en agua, otros 800 en material y 16.950 en «locomoción y estancias». Total, 68.273 euros, que no incorporan empleados-una persona nombrada a su propuesta en cada Secretaría, más coche y conductor-, pero que, en todo caso, constituye una cifra austera, que palidece al lado de las estratosféricas cantidades que figuran en las cuentas catalanas.

Si se estableciera un ranking de expresidentes autonómicos, sin duda el más acariciado por el talonario público de toda España sería Jordi Pujol (1980-2003), a quien los catalanes pagan los 148.672,28 euros de alquiler anual de su deslumbrante oficina de 441 metros cuadrados en el céntrico Paseo de Gracia barcelonés, que además tiene 15.053 euros de gastos de comunidad. Para él trabajan una jefa de gabinete y dos secretarias, cuyos sueldos están engordados con suculentos complementos específicos que sumaron el pasado año 167.245,52 euros.

Nada precisa la Generalitat sobre las facturas de electricidad, agua o material, y la única referencia es una partida de 184.000 euros que aparece consignada como «Oficina ex-President», en singular, en los Presupuestos de 2012, y que presumiblemente nutriría gastos genéricos los despachos de los tres u otro aspecto impreciso que recoge la normativa catalana descrito como «atenciones de carácter social».

El vehículo de representación y conductor de Pujol, como los que distinguen a Maragall y Montilla, computan aparte, y la Generalitat tampoco ha facilitado su coste, como siquiera si Pujol se beneficia de la paga de lujo que él mismo diseñó: 115.224 euros brutos por año hasta 2015. O lo que es lo mismo, el 80 por ciento del sueldo del presidente en ejercicio (Artur Mas, 144.030,12 euros en 2012) durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo que se hubiera estado al frente del gobierno catalán, en caso de Pujol 23 años que consolidan una indemnización durante los once y medio siguientes a su cese en 2003.

Ese derecho se habría extinguido ya para Pascual Maragall, que no cumplió ni tres años en el cargo entre 2003 y 2006, lo que no es obstáculo para que siga disfrutando de su correspondiente despacho, una imponente oficina de 312,84 metros cuadrados en la Avenida Diagonal, también en el corazón de Barcelona, con un cargo a costa del erario público de 127.628,93 euros en 2012. Ese mismo año, los tres empleados a su disposición recibieron retribuciones por un valor de 171.311,26 euros en su conjunto, a los que hay que añadir vehículo y conductor, como ya se ha mencionado.

El uso y disfrute de la Secretaría de apoyo a los expresidentes catalanes no figura en el decreto 195/2003 que las regula como incompatible con ninguna otra circunstancia de sus beneficiarios. Eso explica que José Montilla, senador en Madrid y portavoz de su Grupo, la Entesa pel Progrés, tenga una a su nombre también en la Diagonal barcelonesa, diez números más allá de la de Maragall, aunque un poco más barata: 90.992,16 euros de alquiler y 6.848 de gastos de comunidad al año por 310,50 metros cuadrados. Las nóminas del personal que presta servicio allí se elevaron en 2012 a 174.209,72 euros.

Para el que fuera jefe del tripartito catalán de 2006 a 2010, se habría agotado ya el derecho a embolsarse esa paga por cesantía de 115.224 euros igual al 80% del salario de Mas, que, en principio, sí pudo cobrar a lo largo de 2011, aunque no en 2012 porque optó por su sueldo de senador. La Generalitat no ha despejado a este diario nada al respecto. Fuentes de la Entesa sí confirmaron que José Montilla recibe sus ingresos como miembro de la Cámara Alta, con una asignación constitucional de 2.813,91 euros, otros 2.667,48 euros como portavoz -ambos sujetos a IRPF- y 1.822,38 en dietas libres de impuestos por pertenecer a una circunscripción fuera de Madrid.

En el singular Estatuto que Cataluña aprobó para que sus expresidentes puedan «atender sus necesiades personales y políticas con diginidad y decoro» no se olvidaron las jubilaciones, correspondientes al 60 por ciento de la nómina del presidente del momento, que podrán cobrar cuando lleguen a los 65 años y, en su caso, percibir sus cónyuges viudos. De desaparecer éstos, la normativa contempla como beneficiarios posteriores a los «hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad».