La recuperación del ladrillo apuntala la caja de los ayuntamientos

Para los ayuntamientos, sin embargo, la tempestad se ha quedado más bien en tormenta. Entre ellos y las autonomías gravan todas las actividades que tienen que ver con ese sector, aunque de forma dispar. Mientras las comunidades han tardado en recuperar esos ingresos tras tocar suelo en 2013, la fuente de ingresos de los primeros prácticamente no ha dejado de crecer.

Por ejemplo, el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados -que se impone sobre las compraventas de inmuebles- alcanzó su mínimo recaudatorio hace cinco años, con 5.544 millones de euros. Desde entonces ha engordado un 32% hasta alcanzar los 7.323 millones. El problema para los gobiernos autonómicos es que aún ni siquiera representa la mitad del máximo que alcanzó en plena burbuja del 'ladrillo', con 18.441 millones.

Es la consecuencia lógica de que, aunque el tercer trimestre de 2017 fue para los traspasos de vivienda el mejor desde 2008, 'solamente' se realizaron 121.526 operaciones, casi tres veces menos que entonces. Algo parecido puede aplicarse a otros dos tributos, esta vez municipales, al depender del ritmo de la construcción y está, aunque también en recuperación -el Gobierno prevé que crezca a una media anual del 4% hasta 2020-, ha reducido su aportación al PIB_casi a la mitad desde el inicio de la crisis: suponía el 17,9% en 2008 y cerró 2016 con el 9,9%.

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