Morosidad e impagos, el yugo que asfixia a las pequeñas y medianas empresas

«En España, pagar tarde no solo es barato, sino que además genera beneficios, y se puede hacer desde una posición de dominio». Así de contundente se muestra Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que acaba de presentar su último estudio, en el que se atisban pocas luces y muchas sombras. El plazo medio de pago a proveedores se redujo un 5,3% en el sector público, y un 9,4% en el privado. O lo que es lo mismo: de 75 a 71 días, y de 85 a 77, respectivamente. Pero muy por encima de los 30 y 60 días que fija le legislación en cada uno de estos ámbitos. Una demora que, según asegura el estudio, se hace con premeditación, ya que en muchos casos el cliente grande se la impone al proveedor chico, desde una posición de dominio. De hecho, el 68% de los proveedores tuvieron contratos con clientes que les imponían plazos de pago superiores a 60 días.

Una práctica, según Cañete, «ilegal», que queda «impune» por la falta de un marco sancionador eficaz. A ello se suma otro inquietante dato: en caso de sufrir impagos, el 91% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron los intereses de demora. Y el 96% no reclamaron la indemnización legal por costes de recobro. Algo que podría deberse más al miedo de perder clientes que al desconocimiento de la normativa. El 71% asegura conocer la legislación, aunque «no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozcan».

Por otra parte, el ratio de morosidad –porcentaje de impagos respecto al total de facturación– se cifró en el 2,3%, es decir, una reducción de 2,1 puntos porcentuales en relación a 2015 (4,4%). Datos en poder de PMcM indican que de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, un tercio tuvo que echar el cierre axfisiado por la morosidad. Cañete denuncia la posición de dominio del cliente sobre el proveedor, una situación que genera «tensión» en el sector empresarial. Y es que mientras los autónomos pagan a 44 días y las microempresas a 50, las grandes organizaciones lo hacen a 126 días.

Por su parte, Cepyme calcula en su boletín correspondientes a finales de 2016 que el volumen total de deuda comercial en las pequeñas y medianas empresas alcanzó los 284.000 millones de euros. De ellos, 202.000 millones acumulados en retraso de pago. Y ese volumen de deuda comercial genera un coste financiero de unos 900 millones de euros. Carlos Ruiz, director de economía e innovación de Cepyme, recuerda que además hay un coste indirecto. Esos 202.000 millones de euros suponen una liquidez de la que no disponen las compañías para realizar sus operaciones habituales o para destinarla, por ejemplo, a inversión.

Es complicado concretar el número de empresas que han desaparecido a causa de la morosidad, pero según datos de la UE, entre un 25 y un 30% de los procedimientos concursales en España están motivados por esta lacra.

Los plazos de pago y el volumen de deuda se habían reducido ligeramente en los últimos años. ¿Por qué? En opinión de Carlos Ruiz, por una cierta adversidad surgida hacia el crédito comercial. «Los proveedores deciden dotar de menos crédito comercial a sus clientes al tener cierta desconfianza y sospechar que lo utilizarían para no pagar sus facturas o dilatarlas lo máximo posible aprovechando las ventajas financieras». Así que «muchas empresas comienzan a operar en transacciones comerciales con el pago al momento». Otro motivo es que la crisis se ha llevado por delante muchas organizaciones que tendrían unos periodos de pago largos. Y al desaparecer, el plazo medio ha descendido. Sin embargo, a partir de 2014 «esa tendencia a la baja de la morosidad se ha detenido. La reactivación económica vuelve a generar crédito comercial y de nuevo se empiezan a dilatar los periodos de pago. Y, además, no hay medidas efectivas para que las empresas cobren dentro del plazo que establece la Ley».

«El marco legal está establecido, pero acudir a los tribunales supone un plazo dilatorio y un coste importante», explica el director de economía e innovación de Cepyme. Y, además, «denunciar a tus clientes, especialmente a los principales, que es legítimo, deteriora las relaciones comerciales. Por ello muchas empresas deciden no hacer uso de sus derechos», comenta. Carlos Ruiz propone, en este sentido, iniciativas que fomenten las buenas prácticas. También aboga por la formación para que pymes y autónomos mejoren en la gestión del crédito comercial. Además, «debería haber un organismo independiente que actúe de oficio, que detecte ese tipo de comportamientos y los penalice sin que haga falta una denuncia ante los tribunales». Y propone que sea la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

El 16 de febrero el Tribunal Europeo dará a conocer la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora, que el mundo empresarial aguarda expectante, mientras mira con inquietud el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, en tramitación. De aprobarse, advierte Antoni Cañete, «produciría una involución en los plazos de pago que podría significar la destrucción de puestos de trabajo y el cierre de empresas, al recuperar el acuerdo entre las partes».

Según el estudio de PMcM, casi el 93% está a favor de la implantación de un régimen sancionador, en la línea de la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Para Antoni Cañete, «la instauración de este sistema de multas en el sector privado es la clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y del país». A Cepyme le parece «una medida muy importante siempre y cuando cumpla con determinados criterios». Por ejemplo, que «se penalice aquellas conductas que ponen de relieve el abuso de posición dominante en el mercado». Pero no a aquellas empresas que si no pagan en un momento dado es porque no pueden, dice el director de economía de Cepyme, Carlos Ruiz.