La Junta ha dejado de ingresar 907 millones para el empleo desde 2012 por «mala gestión»

Precisamente, esas son las cifras que cita el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, en la respuesta por escrito que ha enviado al consejero de Empleo de la Junta de Andalucía , José Sánchez, quien en una reciente carta pidió a aquel un plan especial de empleo para esa comunidad por importe de 157 millones.

Riesgo insiste en la misiva –a la que ha tenido acceso este periódico– que Andalucía «debe mejorar sustancialmente la gestión que realiza de las políticas activas de empleo». Y subraya que entre 2012 y 2017 habrá dejado de ingresar «por voluntad propia» más de 900 millones de euros en políticas activas de empleo, siete veces la cuantía que solicitan que, sin embargo, «ha sido devuelta al ministerio por su incapacidad de ejecución por parte de la Junta. No parece, así, que sea un problema de recursos, sino de gestión».

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 5 de este mes el reparto de fondos para las políticas activas de empleo de cada comunidad. En total, 1.8893 millones de euros, un 5,14% más que en 2016. El reparto de los fondos está orientado a resultados, según el modelo que se empezó a implementar en 2012, basado en criterios objetivos y aprobado por Gobierno y comunidades autónomas en Conferencia Sectorial.

Andalucía vuelve a ser la que más dinero tiene asignado, 358 millones de euros, aunque supone un recorte del 3% respecto al año pasado. Le sigue Cataluña, con 299 millones.

La cantidad que tendría que inicialmente distribuirse entre las comunidades autónomas, según las cifras del presupuesto de 2016 (prorrogado en 2017), ascienden a 1.801 millones de euros (1.777 corresponden al Servicio Público de Empleo y 24 millones al Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Sin embargo, el Servicio Público de Empleo tramitó una transferencia de crédito con objeto de aumentar esa cantidad en 92,5 millones adicionales.

A su vez, en la distribución se incluyen 129 millones para financiar la primera parte del programa de acción conjunto para la mejora en la atención a parados de larga duración en 2017, que se distribuirán según los potenciales beneficiarios en cada comunidad autónoma medido a 31 de diciembre de 2016.

Los 260 millones de euros restantes de distribuir de este programa entre 2017 y 2018 se repartirán en función al cumplimiento de objetivos, tal y como se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado 11 de abril.

No obstante, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que en los Presupuestos de 2017 la cuantía final para las políticas activas de empleo se elevará a 2.018 millones de euros, un 12,7% más que en 2016.