Crisis catalana: los golpes económicos, suma y sigue

Uno tras otro, y a la misma velocidad con la que los argumentos del independentismo se han ido desmoronando, la acumulación de datos que demuestran que el impacto es real no se detiene. No hay un solo sector o indicador que no se haya visto afectado: caída en el número de turistas (4,4% de retroceso y reducción de la facturación hotelera del 13%), matriculación de vehículos (4,3% de caída en los primeros días de noviembre frente al aumento del 4% en el conjunto de España), fuga de compañías (2.798 desde el 1 de octubre), frenazo en el consumo, descenso de todos los índices de confianza empresarial... El ministro de Economía, Luis de Guindos , que en los meses previos a la fallida proclamación de la república catalana (27 de octubre) trataba de transmitir confianza asegurando que nadie en el mundo empresarial daba credibilidad a la hipótesis de la secesión, ya hablaba hace pocos días de una «desaceleración profunda» de la economía catalana en el cuarto trimestre del año.

Aunque localizada en Cataluña, el impacto se traslada al conjunto de la economía española, y el Gobierno, en línea con lo que apuntan los servicios de estudios de los principales organismos internacionales, se ha visto obligado a rebajar en tres décimas (del 2,6% al 2,3%) la estimación de crecimiento del PIB para 2018, mientras que ha elevado en una décima, del 2,2% al 2,3%, su estimación de déficit público para el próximo año.

Cataluña, que hasta hace pocos meses lideraba con fuerza la recuperación de la economía española, ve amenazado su crecimiento. Lo problemático de la situación es que el deterioro puede ir a más, advierten todos los expertos. La relativa calma que se respira en Cataluña en las últimas semanas, que se ha traducido por ejemplo en una desaceleración del ritmo de salida de empresas (la pasada semana registró su punto más bajo), puede ser solo un espejismo.

Las elecciones del día 21, y el escenario político que surja de las mismas, definirán lo que está por venir. La pérdida de la Agencia Europea del Medicamento, y el impacto económico que la misma iba a generar, en una decisión que se atribuye en buena forma al panorama de inestabilidad, simboliza de manera dramática el estado de la cuestión en Cataluña.

En su informe publicado el pasado día 2, el Banco de España dibuja dos escenarios. El primero se daría si la crisis política se resuelve rápidamente, de manera que la incertidumbre se incrementaría en el cuarto trimestre de 2017 para disiparse en el arranque de 2018. En este escenario, se deduce que el efecto negativo sobre el PIB sería de tres décimas entre finales de este año y 2019. En la segunda hipótesis, el riesgo es más severo y la tensión se enquista y escala cotas de incertidumbre que no se veían desde que España pidió el rescate bancario a la UE en el segundo trimestre de 2012. En este escenario, el PIB dejaría de crecer más de 2,5 puntos entre finales de 2017 y 2019. Entre este año y el próximo se perdería un crecimiento de un 1% -unos 11.600 millones menos-, mientras que el más de punto y medio restante se extraviaría en 2019. El Banco de España auguró en septiembre, antes de que se convocara el referéndum ilegal, que la economía crecería un 3,1%, un 2,5% y un 2,2% en 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Previsiones que ahora quedan obsoletas, informa Javier Tahiri.

Del mismo modo, y en concreto con respecto a Cataluña, el observatorio regional del BBVA, estima que en el escenario más probable la comunidad podría perder 0,8 puntos porcentuales de crecimiento (sin bien dos décimas se atribuyen a la desaceleración ya observada, no imputables a la política). Además, se apuntan correcciones a la baja en regiones con mayor exposición a la economía catalana, como la Comunidad Valenciana, Aragón o La Rioja. El BBVA apunta que Cataluña será la comunidad que menos crecerá en 2018 (2,4%).

El «discurso del miedo» se ha transformado en el de la realidad de las cifras. Los expertos temen que se tarde años en revertir la situación.

El pasado miércoles el presidente de Fomento del Trabajo le pedía al presidente Mariano Rajoy un plan para revertir en Cataluña la fuga de empresas. Lo que la histórica patronal reclama son, en definitiva, ayudas para paliar lo que definen como una «estampida», una huida a otras partes del territorio español -principalmente Madrid- que, al menos por ahora, no está teniendo un impacto directo sobre la economía productiva. Así lo explicó ayer el director del departamento de Economía de la patrona, Salvador Guillermo, que apuntó que si la situación política se estabiliza «aún podremos salvar los muebles».

Aunque la marcha de empresas se ha atenuado, desde la patronal se reclama no «menospreciar» ni el número (2.724) ni la importancia de los cambios de domicilios social y fiscal (en este último alrededor del mil), del mismo modo que el secesionismo en su momento restó importancia a las advertencias que desde todos los niveles llegaban sobre el impacto del proceso en la economía.

Al respecto, y en alusión a los acontecimientos futuros, Fomento advierte de que si la inestabilidad no cesa, hay un riesgo cierto de que las empresas comiencen a tomar decisiones con respecto a sus centros directivos y unidades productivas que permanecen en Cataluña, bien en forma de traslados, bien en una paulatina reducción de la inversión en dichos centros en favor de otras plantas en otros territorios en caso de que dispongan de ellos: «En los casos en los que el coste de la movilidad es menor puede producirse un traslado gradual». Si el divorcio entre la patronal y el PDECat (antes CDC, el partido de la empresa) es radical, las declaraciones últimas de Carles Puigdemont sugiriendo un referéndum de salida de la UE ha disparado todas las alarmas. La patronal, por otra parte, y en un impacto más difícil de cuantificar, alude a lo que considera un «daño reputacional» para Cataluña.

El pico más importante en el traslado de corporaciones se produjo el 19 de octubre (268 salidas en un solo día), en un éxodo que desde el primero de ese mes (coincidiendo con el referéndum) ha implicado 2.798 traslados. En sentido inverso, los traslados de otras regiones a Cataluña se limitaron a 103. El proceso de estos dos últimos meses es continuidad, aunque con mucha más intensidad, del proceso de movilidad que, por ejemplo, se produjo entre 2013 y 2015: 2.019 salidas y 1.226 entradas en Cataluña.

En concreto, Fomento ha hecho un análisis del perfil de las firmas que se han marchado en los dos últimos meses, apuntando que sobre el 50% de las mismas son grandes y medianas empresas, es decir, las más productivas, las más exportadoras y las que generan más empleo. «Las que se marchan son las más dinámicas», lamentó Guillermo Salvador. El impacto se ha producido en mayor medida en los sectores más sensibles como el financiero y asegurados, así como entre las empresas cotizadas.

Desde Fomento se reclama «sentido común» a los políticos y garantizar la estabilidad y la seguridad jurídica.

Pese a que la economía avanza a velocidad de crucero, el pulso independentista se vislumbra en el horizonte como la principal amenaza para la actividad. Los organismos internacionales así lo constatan y ayer fue la OCDE la que sumó su análisis al del FMI o la Comisión Europea. El organismo mejoró en tres décimas su previsión de crecimiento para España en 2017 al 3,1% y la empeoró en una décima para 2018 al 2,3%. La institución coincide así con las estimaciones oficiales del Gobierno.

"La persistencia de tensiones en Cataluña podría reducir notablemente el consumo y la confianza empresarial, lastrando la demanda interna más de lo proyectado", sentencia el organismo, quien reseña que la demanda interna "se ralentizará al perder fuerza el impulso aportado por los bajos precios del petróleo y el descenso de los impuestos y aumentar la incertidumbre ligada a las tensiones en Cataluña".

La OCDE advierte de que la tasa de paro sigue siendo demasiado alta "especialmente la relativa al desempleo juvenil y el de larga duración". Y alerta de la dualidad laboral, para lo que pide una "reducción de la brecha en el coste del despido de los contratos fijos y temporales". Pese a que no cree que España baje su déficit público del 3,1% que marca Bruselas, y lo sitúa en el 3,2% para 2017 y en el 2,4% en 2018 –superior al 2,2% de meta–, respalda la rebaja de IRPF que planea el Gobierno para el año que viene al resaltar que "la posición fiscal prácticamente neutral prevista para 2018 y 2019 es oportuna".

Las ventas del comercio minorista cayeron en octubre en España una media del 1,2% en tasa mensual, según el índice publicado por el INE. Sin embargo, el mayor descenso fue del 3,9% en Cataluña, sin duda influenciado por las tensiones políticas. También han sido determinanantes, a nivel nacional, las altas temperaturas que desincentivaron la compra de prendas de abrigo.

Eliminados los efectos del calendario (diferencia de días hábiles), la caída de las ventas en toda España sería del 0,1%, con lo que se anotaría su primer descenso tras 38 meses consecutivos al alza.

Por comunidades, las ventas minoristas aumentaron respecto a octubre de 2016 en Canarias (1,7%), Navarra (1,4%) y Baleares (1%). En la Comunidad de Madrid no variaron y en el resto de regiones bajaron, con Cataluña a la cabeza (3,9%), seguida de Extremadura (2,7%), Aragón y País Vasco (ambas con 2,4%).

En cuanto al empleo, en España creció en octubre una media del 1,5% frente a octubre de 2016, encadenando 41 meses de subidas, y en Cataluña el 0,4%.

Por otra parte, las familias y particulares redujeron en 4.800 millones de euros el dinero consignado en depósitos bancarios en octubre respecto al mes anterior, cantidad que representa un descenso del 0,62%, según datos provisionales del Banco de España.

Así, el saldo que las entidades financieras españolas disponían en depósitos propiedad de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (asociaciones profesionales o de otro tipo) pasó de 769.800 millones en septiembre a 765.000 millones en octubre.

En septiembre, los bancos invirtieron la tendencia de dos meses de descenso del saldo de los depósitos de los clientes y recuperaron unos 300 millones de euros. Respecto a octubre de 2016, los depósitos de los hogares y asociaciones aumentaron en 7.000 millones de euros.