Bruselas quiere que los accionistas decidan sobre los sueldos de los directivos

A diferencia de lo que ocurre con los bonus de la banca, el Ejecutivo comunitario ha evitado en todo caso introducir un límite máximo vinculante en materia de remuneraciones para los directivos de empresas cotizadas en toda la UE. «Las propuestas alentarán a los accionistas a participar más en las empresas en las que invierten y a adoptar una perspectiva a más largo plazo para su inversión.

Para ello, deben tener el derecho a ejercer un control adecuado de la gestión de las mismas, incluida la posibilidad de influir de forma vinculante en las retribuciones» , ha dicho el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier. En la actualidad, un total de 10 Estados miembros -Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Letonia, Holanda, Portugal, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido- ya prevén en sus legislaciones nacionales un voto vinculante de los accionistas sobre los salarios de los directivos.

En República Checa, Italia y España, el resultado de la votación no es de obligado cumplimiento. La Comisión sostiene que pese a ello todavía «existe una relación insuficiente entre remuneración y resultados de gestión, lo que fomenta una tendencia perjudicial a las decisiones a corto plazo». La reforma que propone Bruselas obligará a las empresas a divulgar información de forma clara, constatable y completa sobre su política de remuneraciones, incluyendo el nivel máximo para los salarios de los directivos.

La política de remuneraciones se someterá al voto de los accionistas, con carácter vinculante, cada tres años. Ello significa que si es rechazada la compañía deberá modificarla. Los accionistas votarán también a posteriori cómo se aplica cada año.

Para las nuevas contrataciones, la empresa podría desviarse del máximo, pero sujeto a la aprobación previa o posterior de los accionistas. Las empresas deberán explicar cómo la política de remuneraciones contribuye a los intereses a largo plazo y a la viabilidad de la empresa. Al mismo tiempo, tendrán que justificar la relación entre la media de los sueldos de los empleados y la de los directivos.

Para garantizar que los accionistas controlen mejor la gestión de la empresa, la propuesta incluye además requisitos adicionales de transparencia para los inversores institucionales y los gestores de activos en sus políticas de inversión. También introduce un marco para facilitar la identificación de los accionistas a fin de que estos puedan ejercer más fácilmente sus derechos (por ejemplo, los derechos de voto), en particular en situaciones transfronterizas. Los asesores de voto tendrían que utilizar métodos más transparentes para preparar sus recomendaciones de voto y gestionar los conflictos de intereses.

La reforma también da nuevos poderes a los accionistas en las transacciones entre la empresa y su dirección, accionista de referencia o compañías del mismo grupo. Estas operaciones pueden, según Bruselas, perjudicar a la sociedad y a sus accionistas minoritarios y de ahí la necesidad de introducir salvaguardas.

La propuesta exige una evaluación independiente de este tipo de transacciones cuando representen más del 1% de los activos de la compañía. Si se supera el umbral del 5%, deberán ser votadas por los accionistas, que podrán así rechazarlas si consideran que van contra sus intereses. Estas disposiciones beneficiarán en particular, de acuerdo con la Comisión, a los inversores institucionales, que en la mayoría de los casos son accionistas minoritarios.

Bruselas ha presentado además una recomendación para mejorar la manera en que las empresas informan sobre la gobernanza empresarial. Las nuevas reglas exigirán a las empresas que se aparten del código de gobernanza empresarial aplicable expliquen los motivos, los plazos, y las medidas alternativas que han puesto en marcha para lograr el mismo objetivo.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario ha propuesto una norma para facilitar la creación de sociedades unipersonales. El objetivo es eliminar el laborioso proceso de registro de las filiales y facilitar a las pymes operar en toda la UE.