Andalucía podría multar a la Sareb con 110 millones por incumplir la función social de la vivienda

Estos registros establecen l os mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia. El primer procedimiento se debe al supuesto incumplimiento de una disposición adicional de la L ey de Vivienda Protegida y Suelo introducida por la reciente Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda.

En esta disposición se establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la administración pública el inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. La Junta ha notificado a la Sareb el acuerdo por el que inicia el expediente sancionador por infracción muy grave consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda.

La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20 de la Ley de Vivienda Protegida , también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda. En el mismo se establece la obligación de cualquier persona física o jurídica de poner sus viviendas protegidas a disposición de los Registros Públicos Municipales de Demandantes. La Consejería ha enviado a la Sareb un requerimiento oficial de información y documentación acreditativa de la puesta a disposición de sus viviendas protegidas en los registros.

Por su parte, la sociedad Sareb, también conocida como el banco malo, presentará alegaciones a los dos expedientes administrativos abiertos por la Junta de Andalucía. Según ha informado a Efe un portavoz de la sociedad inmobiliaria, Sareb ha explicado a la Junta de Andalucía que en apenas dos meses recibió 200.000 activos inmobiliarios y ha necesitado más de un año para completar la información sobre los mismos y poder registrarlos. Esta «peculiaridad» hace imposible que se puedan cumplir en plazo todas las exigencias legales, aunque Sareb tenga la máxima voluntad de que así sea, han añadido.

En paralelo con su labor de encontrar compradores para sus activos, el banco malo debe registrar cada propiedad, inscribirla en el catastro y dar cuenta de ella en las instancias autonómicas correspondientes. Sin embargo, todos estos trámites se complican cuando se trata de cientos de miles de activos y por eso, a la Junta de Andalucía, al igual que a otros gobiernos autonómicos, Sareb les ha pedido «que sean conscientes de la excepcionalidad del traspaso». Hasta el momento, todas las administraciones han entendido que «los plazos son imposibles de cumplir», con la excepción de la Junta de Andalucía que opta por abrir los citados expedientes.