El Tribunal de Cuentas fiscalizará al FROB y a la CNMV por primera vez

En concreto, el organismo fiscalizador de las cuentas del Estado y del resto del sector público, y que preside Ramón Álvarez de Miranda, revisará la actividad del FROB en el periodo 2009-2012, durante el cual desembolsó 14.404 millones de euros en ayudas públicas para los bancos y las cajas nacionalizados. Además, el Tribunal estudiará igualmente los números del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y del Banco de España en ese tiempo, junto con la gestión económico-financiera de la CNMV en 2013.

El ambicioso programa del Tribunal de Cuentas para este año incluye también un análisis de las actuaciones llevadas a cabo entre 2010 y 2012 por la Agencia Tributaria (AEAT) dentro de su plan de lucha contra el fraude, revisando por ejemplo el cobro efecto de deudas tributarias que ha conseguido en los dos últimos ejercicios.

Fraude laboral

Por otro lado, también el fraude laboral será objeto de atención del organismo, que estudiará las incapacidades temporales y las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas, así como las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En esa misma línea, el Tribunal abordará la financiación aplicada por las empresas para la formación de sus trabajadores con cargo a las cuotas de formación profesional, así como la gestión en este sentido de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, vinculada al PSOE, en un momento en que se ha puesto en entredicho el uso que hacen de los fondos destinados a la formación sindicatos como UGT .

El Tribunal de Cuentas se ha propuesto además como objetivo para este ejercicio estudiar las consecuencias que han tenido los ajustes del Gobierno a la hora de racionalización el sector público. Así, por ejemplo, el organismo abordará la reestructuración de las fundaciones desde junio de 2011, la reordenación del sector público empresarial estatal, las actuaciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas en relación con los planes económico-financieros, de reequilibrio y de ajuste que les exigió el Gobierno central y el uso que han hecho del Plan de Pago a Proveedores.