El Gobierno pone límites territoriales, políticos y de negocio a las cajas

Uno de los pilares fundamentales de la norma, diseñada por imposición de la Comisión Europea a cambio del rescate financiero de hasta 100.000 millones de euros, es la obligación de que aquellas cajas que de forma directa o indirecta controlen al menos un 10% del capital del banco al que tuvieron que traspasar su negocio o tengan un volumen de activos superior a los 10.000 millones de euros, tendrán ahora que transformarse en fundaciones bancarias . Además, se les impone controles y una supervisión más o menos estricta en función de su participación —del 10%, del 30% y del 50%— en su banco.

El objetivo de esta medida es que, tal y como exigían las autoridades europeas, se vaya produciendo una desinversión paulatina de las antiguas cajas en las entidades bancarias hasta que su participación alcance niveles de no control . Para ello, una de las medidas que contemplaba el anteproyecto de ley era que las fundaciones no podrían acudir a una ampliación de capital del banco con el fin de incrementar su participación. El documento definitivo si lo permite, aunque la fundación no podrá aumentar y ejercer derechos políticos por encima del 50%.

Profesionalización de las entidades

El proyecto mantiene además la incompatibilidad entre ser patrono de la fundación bancaria y consejero o administrador del banco procedente de la antigua caja. Esta es una medida que afecta por ejemplo, al presidente del grupo La Caixa, que ahora tendrá que escoger entre la presidencia de La Caixa o del banco, CaixaBank. También se limita la presencia de cargos públicos, políticos, sindicales o empresariales a un máximo del 25% de los miembros de la cúpula. «Supone una mejora de la profesionalización de los directivos y de su independencia respecto a los partidos políticos», ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

«Las cajas de ahorros van a seguir ahí pero como fundaciones. Tienen que ser lo que fueron para evitar lo que luego sucedió», ha dicho De Guindos. En este sentido, la ley de cajas obliga a estas entidades a centrar su negocio en clientes particulares y pequeñas y medianas empresas, apartándolas de negocios de alto riesgo financiero. Además, tendrán que limitar su actividad financiera al territorio de origen de la antigua caja, normalmente una sola comunidad autónoma, aunque podrán esquivar ese tope si operan en un máximo de diez provincias limítrofes entre sí.