El Gobierno deja en manos del Banco de España el futuro de Sáenz en el Santander

El real decreto amplía los niveles actuales de exigencia para la idoneidad en el ejercicio de las funciones de consejero, director general y asimilados. En materia de honorabilidad, el supervisor valorará la trayectoria profesional, las condenas por delitos dolosos y la existencia de investigaciones fundadas en relación con delitos económicos. Respecto de la consideración de delitos dolosos, el Banco de España podrá recabar la opinión de una comisión de expertos creada al efecto.

En cuanto a los requisitos de experiencia se valorará no solo la trayectoria profesional sino también la formación de carácter teórico, en particular en las áreas de banca y servicios financieros. La evaluación abarcará al conjunto del consejo teniendo en cuenta el diferente perfil de sus componentes y no solo de forma individual como hasta ahora.

En materia de buen gobierno no solo se tendrán en cuenta los conflictos de interés derivados de vínculos estrechos o de control entre personas físicas o jurídicas. La no idoneidad se establecerá también en función de la existencia de conflictos de interés por el desempeño de puestos pasados o presentes, relaciones personales y económicas con otros miembros del consejo de administración o el hecho de que un consejero no pueda dedicar suficiente tiempo a sus funciones.

Las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para sustituir a los consejeros o directivos que, de acuerdo con los nuevos requerimientos en materia de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos, experiencia y buen gobierno, deban perder la idoneidad necesaria para desarrollar sus funciones en la entidad.

Por parte del supervisor, el Banco de España en este caso, y de las propias entidades se establecerá un control continuo sobre el cumplimiento de estos requisitos. Las entidades deberán disponer de unidades y procedimientos internos de forma que puedan llevar a cabo esa evaluación permanente.

La norma afecta por igual a bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, conglomerados financieros, sociedades de tasación, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico, según ha informado el Ministerio de Economía.

El Tribunal Supremo anuló parcialmente el pasado febrero el indulto concedido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011 al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz. La Sala Tercera, por unanimidad, entendía que el Consejo de Ministros se excedió al no limitar la medida de gracia al contenido de la sentencia que condenó al banquero y extenderla también a los «efectos administrativos», lo que al parecer podría referirse a la cancelación de los antecedentes penales.

El indulto de Sáenz, condenado a tres meses de arresto y a inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un delito de acusación y denuncia falsas, fue la última decisión adoptada por el Gobierno de Zapatero cuando ya se encontraba en funciones.

El Banco de España tendrá que decidir ahora si el consejero delegado del Santander puede seguir desarrollando sus funciones como alto ejecutivo bancario. La entidad dirigida por Luis Linde tendrá que determinar si la existencia de antecedentes penales afecta a su honorabilidad.