Las empresas en pérdidas también pagarán el paro de sus prejubilados

Según el decreto que ayer recibió luz verde del Consejo de Ministros las empresas en pérdidas de más de 100 trabajadores que despidan a mayores de 50 años tendrán que costear parte o toda su prestación por paro, si entre el año anterior al despido colectivo y los cuatro años posteriores encadena dos ejercicios con beneficios.

Hasta ahora, esta medida, conocida como «enmienda Telefónica», solo afectaba a las grandes empresas que tuvieran beneficios en los dos años anteriores al despido colectivo. El cambio obliga a costear estas prestaciones aunque tengan pérdidas antes del ERE, si después entran en beneficios durante los cuatro años posteriores a tomar esta medida.

Y para evitar que se utilice la edad como principal criterio de selección de los trabajadores despedidos, la obligación de pagar el paro se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.

Con la misma finalidad de aliviar gastos, en este caso del desempleo, el Ejecutivo ha decidido limitar el cobro del subsidio de desempleo para los mayores de 55 años y ligarlo a la renta familiar. A partir de abril el parado no podrá cobrar el subsidio si tiene cónyuges o hijos menores de 26 años, «cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, supere el 75% del salario mínimo, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

En la actualidad, 300.000 parados que ya han agotado la prestación cobran este subsidio de 426 euros. Cada mes se incorporan una media de 7.000 y los cálculos de Empleo son que ni la séptima parte de ellos se vea afectado por el endurecimiento de los requisitos.

Pero es, sin duda, la posibilidad de compatibilizar salario y pensión y el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas en todas sus formas la principal novedad del decreto sobre «Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo» aprobado ayer. Con esta norma, el Ejecutivo pretende «poner cerco» al retiro anticipado actuando sobre la edad de acceso, los años de cotización exigidos y los coeficientes reductores que se aplicarán a la pensión por cada año de adelanto a la edad legal de jubilación.

Como ya informó ABC, para poder jubilarse de forma voluntaria harán falta desde el próximo mes de abril 35 años de cotización y 63 años y un mes, edad que irá aumentando de manera progresiva, hasta alcanzar los 65 años en 2027, año en el que la edad legal de retiro alcanzará los 67 años.

Las penalizaciones en este caso serán del 8% con hasta 38 años y seis meses cotizados; del 7,5% para quienes hayan cotizado entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses; del 6,8% para los que estén entre 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses, y del 6,5% para quienes hayan cotizado igual o más de 44 años y seis meses.

Para el caso de la jubilación forzosa, la norma la establece cuatro años antes de la edad legal, de tal forma que, una vez que entre en vigor, la edad de acceso será en 2013 de 61 años y un mes, y subirá gradualmente año tras año hasta alcanzar los 63 años en 2027. El periodo mínimo de cotización exigido en este caso para acceder a la jubilación pasará de 30 a 33 años. Las penalizaciones sobre la pensión serán, por cada año de adelanto respecto a la edad legal, del 6% para los que hayan cotizado más de 44,6 años; del 6,5% para entre 41,6 y 44,5 años cotizados; del 7% para entre 38,6 y 41,5 años cotizados, y del 7,5% para 38,5 años cotizados o menos.

La ministra de Empleo, Fátima Bañez, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, a los que dijo que sus rentas están aseguradas. Hizo hincapié en que el 42% de las altas de jubilación en 2012 fueron anticipadas, con pensiones un 16% más caras que la media con un coste anual de 7.000 millones. Cifra a la que hay que sumar los casi 2.700 millones que le cuesta a la Seguridad Social la jubilación parcial, cuyas pensiones son un 35% más caras que la media del sistema. Entre ambas, suman casi 10.000 millones anuales; el Gobierno espera ahorrar la mitad, 5.000 millones.

Los sindicatos y los principales partidos de la oposición criticaron ayer con dureza la reforma de las jubilaciones. UGT y CC.OO. pidieron al Ejecutivo que no cometa «una mayor injusticia con las personas que están siendo expulsadas del mercado de trabajo y no tienen expectativas de empleo».