Riotinto, el «apartheid» británico de Huelva

Para remontarse al origen de este episodio tenemos que retroceder hasta 1873, año en el que el Estado español vendió a los ingleses las famosas minas de cobre por 92 millones de pesetas. Una especie de capítulo rezagado de la desamortización que provocó que, hasta 1954, el selecto «staff» formado por los directivos de la compañía establecieran una especia de « apartheid » británico sobre la población y los más de 10.000 mineros que trabajaron en los yacimientos. Por un lado estaba Bella Vista, el gueto de lujo separado por un muro infranqueable, cuyas casas victorianas y su iglesia presbiteriana aun siguen en pie. Y por otro, los obreros y el resto de habitantes que veían como su vegetación se arruinaba y su salud sufría por los humos tóxicos generados en la que era la mina a cielo abierto más grande del mundo.

La razón era el procedimiento utilizado para obtener el cobre: «Cementación artificial» o de «teleras». Consistía en colocar toneladas de mineral en grandes montones al aire libre, que se prendían sobre ramajes secos. Esos montones o teleras liberaban azufre durante la combustión del que se obtenía el cobre puro, pero también desprendían una cantidad gigantesca de gases sulfurosos, ya que las hogueras ardían ininterrumpidamente de seis a doce meses al año, lanzando al aire unas 500 toneladas diarias de humos tóxicos.

La enorme nube negra que se formaba sobre el cielo de Ríotinto, Nerva y otras aldeas cercanas, a la que popularmente llamaban «la manta», generaba unos efectos altamente perniciosos para la agricultura, única fuente de riqueza para la zona, y la salud de los habitantes. Mucha gente huía del pueblo en busca de aire más limpio. La situación se había hecho intolerable.

El descontento pronto se extendió a otros veinte pueblos de la zona, a los que se sumó el cabreo acumulado por los mineros en lo que respecta a sus condiciones laborales: descuentos salariales por infinidad de motivos, el pago por cuenta ajena del médico de la empresa, la pérdida continuada de puestos de trabajo ante la más mínima excusa (incluida la enfermedad) o la perdida de dinero que les originaban los días de «manta», en los que solo se podía trabajar la mitad de la jornada y cobraban menos.

Los agricultores y sus partidarios llegaron a formar la «Liga Antihumanista», que criticaban los abusos en los procesos de la mina y exigían su sustitución por otros. Pero la Río Tinto Company tenía demasiado poder, hasta el punto de establecerse como una auténtica autoridad colonial en la zona durante 81 años. Tenían a la administración bajo su protección para avalar su argumento de que, dadas las condiciones del mineral de la minas y la coyuntura internacional, no podían costear otro sistema que les diera beneficios.

El problema de las calcinaciones copó la prensa local durante 1887 y 1888. Las polémicas entre los «antihumanistas» y los defensores de la minería, a la que hacían responsable del desarrollo y la prosperidad de la zona al atraer a población de fuera, eran continuas. «El aumento de población fue, en efecto, muy notable, pero el argumento esgrimido era insostenible: la población acudía a donde había trabajo, y en las minas lo había, pero la extracción y el beneficio del mineral no tenían por qué ir forzosamente unidos al sistema de calcinaciones que, de hecho, estaba prohibida en todos los países del mundo, incluido el vecino Portugal, desde 1878, y, por supuesto, Inglaterra», aseguraba María Dolores Ferrero, de la Universidad de Huelva, en su estudio «Los conflicto de febrero de 1888 en Ríotinto. Distintas versiones de los hechos».

La suma de toso estos descontentos culminó en la famosa manifestación del 4 de febrero de 1888, que pasó a la historia como «El año de los tiros», pues terminó en una masacre cuyas magnitudes, 127 años después, aun no ha sido esclarecida del todo. No era fácil, estábamos hablando de la empresa más poderosa de España, la misma que sacó de la bancarrota a la Primera República con los 92 millones de pesetas tras la venta de los derechos de explotación, y no convenía hacer pública lo allí sucedido.

El 1 de febrero se inició la huelga de mineros, que fue creciendo los dos días posteriores. Al mismo tiempo, los agricultores afectados por el dióxido de azufre , con el pueblo de Zalamea a la cabeza, comenzaron a preparar una marcha sobre Ríotinto para pedir la suspensión de las calcinaciones. El día 4, ambas manifestaciones se encontraron a la entrada de la localidad y decidieron unirse en una sola, para dirigirse a la plaza del Ayuntamiento. Las consignas establecidas estaban claras: «¡Abajo los humos! ¡Sólo queremos justicia! ¡Viva la agricultura!».

Cuando los cabecillas subieron a hablar con el alcalde y los concejales para negociar, estos no se atrevieron a tomar ninguna decisión por las presiones que recibían de la compañía. Entonces llegó el gobernador civil de Huelva, Agustín Bravo y Joven, dispuesto a poner orden. Primero se negó a que el poder local suprimiera las calcinaciones y, después, salió al balcón a increpar a los miles de manifestantes que allí se congregaban. Tras él salió el teniente coronel del Regimiento de Pavia , llegado al pueblo ante la solicitud de refuerzos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado.

Se oyó una primera descarga sin que nadie supiera a ciencia cierta de dónde venía, ni quién había dado la orden. Luego siguieron nuevas descargas a bocajarro e, inmediatamente después, un ataque con bayonetas. A los quince minutos de despejarse la plaza, el suelo quedó repleto de muertos y heridos. Los cadáveres, entre cien y doscientos, se hicieron desaparecer en escombreras o en antiguas minas abandonadas, mientras que los heridos graves eran atendidos a escondidas en las propias casas, en pésimas condiciones, por miedo a llevarlos a los hospitales.

Tal y como describió el periódico de «La Coalición Republicana», la mayoría de la informaciones aseguraron que la protesta fue pacífica y festiva, incluso con banda de música. Una masa de hombres, mujeres y niños confiados de que de que allí no iba a ocurrir nada: «Cuando más alegres se hallaban los manifestantes apiñados en las estrechas calles adyacentes y la plaza, en número superior a 12.000, mandaron retirar la caballería y, acto seguido, una descarga cerrada e inmensa, cuyos proyectiles barrieron aquella masa humana, puso en fuga desordenada a la multitud, que dejó en el suelo muchos cadáveres y heridos y se atropelló por las calles, lanzando gritos de pavor y de violenta ira. ¿Quién dio la orden de fuego? Hasta ahora no se sabe. ¿Fue el gobernador? ¿Fue el jefe militar? (…) Con el testimonio de centenares de personas, podemos afirmar que los manifestantes no profirieron ni un grito subversivo, no salió de ellos una provocación ni un acto que molestase a la tropa ni a las autoridades».

Tan solo una carta al director publicada en «La Provincia» se atrevió a decir que «la manifestación de Zalamea fue de una violencia monstruosa». Las versiones de los restantes diarios coincidían en que no hubo una actitud provocadora y argumentaron que «si los propósitos hubieran sido amenazadores, los manifestantes no habrían puesto ante las balas de los soldados a mujeres y niños inocentes».

En los libros de las sentencias de la Audiencia de Huelva de 1888 hasta 1892 no había ninguna información al respecto, según las investigaciones de Maria Dolores Ferrero. Tampoco en el Tribunal Supremo de Madrid. Las Cortes españolas apenas discutieron el incidente y se dijo que los muertos no pasaron de 14, aunque la mayoría de testimonios defiendan que estos superaron con creces el centenar. Ni tan siquiera el Registro Civil de Riotinto, donde curiosamente aparecen consignados, el 5 de diciembre, trece muertos del día anterior. ¿La causa de la muerte consignada? En ninguno de los casos fue «herida de bala», como ocurría en otras ocasiones, sino «hemorragia externa» o «hemorragia interna».