Los desahucios en España están regulados por una ley que tiene más de 100 años

Todo sorprende menos al comprobar que la Ley Hipotecaria, la que regula los procesos de desahucio en nuestro país, data del año 1909. Y que por lo tanto es muy anterior a la historia que nos ha llevado hasta aquí. La España que existía cuando este texto vio la luz no entendía de «burbujas inmobiliarias» y le quedaban infinitamente lejos conceptos como el «boom del ladrillo» , los «activos tóxicos» o la «regulación bancaria».

Pero esta ley que es incluso anterior al Franquismo y a la Dictadura de Primo de Rivera se aplica al pie de la letra hoy en día. Aunque no es la única. Rafael Mayoral lleva años al frente de la parte legal de la Plataforma Stop Desahucios, que trataba de impedir estos procesos y opina que lo más grave de todo es lo que se hizo (y lo que no se hizo) durante el Gobierno socialista.

El abogado cree que el problema no se encuentra en esta obsoleta norma, sino en la que rige el procedimiento de ejecución hipotecaria. La LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2010 «que permite que los procesos de ejecución extrajudicial se agilicen, bastando la simple firma de un notario».

El Tribunal Supremo tiró más abajo está regulación por considerar que «se estaba produciendo la indefensión del ciudadano» y por lo tanto era inconstitucional. Sin embargo el partido socialista sacó adelante una figura nueva, prácticamente gemela de la anterior, ya no se hablaba de una «ejecución», sino de una «venta», permitiéndose que «todo se haga en la notaría, sin control ni derecho a un abogado que te defienda», explica Mayoral.

También son reprochables las formas. Mucha gente sabe que en nuestro país hay una media de 500 desahucios diarios, pero son menos los que saben que la orden de desahucio que esas personas reciben en sus casas horas antes de quedarse sin hogar, recoge que «deben ser lanzados a la vía pública».

Pero sobre todo, lo más grave para Rafael Mayoral es que «los cambios legales más recientes siempre se han producido a favor de los bancos» y que para ciertos sectores «privilegiados», exista una «cultura de la impunidad».

Quizá por eso un grupo de siete jueces denunció esta situación en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial. El documento de sus Señorías habla de «un proceso judicial extremadamente agresivo» que «ha multiplicado por cinco las ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis» y que «lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias». «Consideramos que la legislación actual concede enormes privilegios procesales a las entidades bancarias en perjuicio de los ciudadanos» y eso «posibilita abusos» , ha expuesto el portavoz de la Asociación de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. Consideran que esta situación se debe a «la mala praxis de los bancos».

El Gobierno decidió ayer dar un giro a esta situación que todavía no se ha materializado, pero que está en camino. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, acordaron conjuntamente sacar adelante una reforma «urgente» que se tramitará por decreto ley y que buscará proteger a los sectores más vulnerables, aunque no se deja claro cual será la solución en concreto.

Mucho se ha oído hablar de la llamada « dación en pago», que dejaría saldada cuenta con la entrega del inmueble al banco . Rafael Mayoral pide algo que tiene relación con esta medida «que el deudor pueda adjudicar la casa al banco y que pague un alquiler del 30%».

Tal vez la entrada del banco malo, que desenterrará y sacará al mercado las miles de vivienda que la banca tiene en su poder, podría servir de solución a este problema. Aunque el abogado teme que este enorme parque inmobiliario acabe en manos de las «socimis» (sociedades de capital inmobiliario), grandes sociedades de alquiler «que tributan al 0% facilitando la entrada de fondos buitres».

En cualquier caso. Rafael Mayoral se alegra de que «la movilización popular haya servido para presionar a los partidos políticos a tomar una decisión».