Asociaciones de mujeres critican la decisión del TC sobre custodia compartida

El alto tribunal ha declarado inconstitucional, en una resolución conocida este jueves, el artículo del Código Civil que imponía la obligatoriedad del informe favorable del fiscal para que el juez pudiera tomar esa decisión, en casos excepcionales, a pesar de no haber acuerdo entre los dos progenitores.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha afirmado que la existencia del informe favorable del Ministerio Fiscal «era una garantía más para el menor» . «Se supone que el fiscal es en el juicio el que vela por los intereses de los más desprotegidos y vulnerables, en este caso por los intereses de los menores», ha sostenido Besteiro, quien ha reiterado que la sentencia del Constitucional «merma la garantía de la protección de los menores».

En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto , quien ha considerado que, si bien quiere estudiar a fondo la resolución, ésta es una «mala noticia» porque al no ser necesario el informe favorable del fiscal los menores estarán más desprotegidos . «En principio me parece una mala noticia para la protección de los derechos de los menores», ha reiterado la presidenta de la Fundación Mujeres.

Por el contrario, la Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC) ha expresado su «indignación» por «el tardío pronunciamiento» del Constitucional , ya que ha opinado que debía haber decidido antes en este sentido. «A pesar de que la razón que ahora nos reconoce el TC es irreparable para los niños que han sufrido un divorcio de sus padres, los errores deberían servir para empezar a construir un nuevo modelo de familia fundamentado en la armonía y la verdadera protección del menor», ha señalado en un comunicado.

La UEFACC, además, ha exigido, a través de una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada , que en nombre de la Cámara baja pida disculpas a los ciudadanos por la «gravísima negligencia del órgano legislador» al aprobar la ley del divorcio de 2005.

El Constitucional ha tomado la decisión en respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, a pesar de que se pronunciaban en contra de la misma tanto el fiscal como el abogado del Estado y con el voto particular en contra de cuatro magistrados.