El CSN inicia los trámites para el cierre definitivo de Garoña

Tras la renunción celebrada ayer, el Consejo informó asimismo que está analizando «diferentes aspectos» relacionados con la seguridad que se derivan «de la no solicitud de nueva autorización» para que «quede garantizada» tanto en el periodo de funcionamiento que resta hasta el próximo 6 de julio «como en el posterior proceso de cierre y de desmantelamiento de la central». En su comunicado, el CSN detalla también que rechazó dar un nuevo plazo a Nuclenor para solicitar la prórroga porque este retraso «afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión».

Mientras, el presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente, se mostró también «decepcionado» por la decisión de Nuclenor de no pedir en plazo la prórroga para Garoña. En declaraciones a Efe, Benavente recordó que desde la organización que preside han defendido siempre la necesidad de que la planta siguiera funcionando porque «genera una energía segura y barata, mantiene más de mil empleos en la zona y es buena para la economía de su entorno».

En su opinión, el único argumento de los que utilizaban para apoyar la planta que ha cambiado es el de que «el cierre era un capricho político» , porque lo que se ve ahora es que «la política energética parece que no la marcan en España los gobiernos, sino las propias empresas del sector».

En el caso de Garoña, Benavente considera que las empresas eléctricas propietarias de la planta, Endesa e Iberdrola, emplean la central nuclear dentro de un pulso al Gobierno por el futuro de todo el sector.

Por último, el ministro de industria, José Manuel Soria, afirmó ayer que «lo que no puede pretender la empresa Nuclenor (titular de la explotación) es que el Gobierno sea más pronuclear que ella misma», en relación a la decisión de la compañía de no solicitar la prórroga para explotar la instalación hasta 2019. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Soria añadió que el Ministerio de Industria estaba dispuesto a «remover» cualquier obstáculo administrativo para conceder una ampliación del plazo de la central nuclear si el Consejo de Seguridad Nuclear lo hubiera juzgado oportuno. Por ello, señaló que el Ejecutivo «lamenta» que la central nuclear no pueda seguir en funcionamiento.