Artur Mas amplía la desgravación fiscal por donaciones al fomento del catalán
El nuevo censo incluye entidades que apoyan la delación lingüística y la independencia
Los problemas financieros del Ejecutivo catalán -ayer mismo urgía al Gobierno español a pagar el fondo de liquidez- no han impedido a CiU mantener su política de subvenciones identitarias, como tampoco supone un obstáculo la disminución de ingresos fiscales a la hora de incentivar las donaciones a entidades que fomentan la lengua catalana. La Generalitat acaba de publicar el nuevo censo de asociaciones y fundaciones que se dedican a esta labor, que pasan de 62 a 86.
«Actitudes positivas»
La creación y actualización de este listado oficial se remonta a la ley catalana de medidas fiscales y administrativas de 2001, que estableció una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a todas aquellas personas que realicen donativos en favor de entidades que tengan como finalidad el fomento de la lengua catalana. La ley establece que ese censo sea elaborado por el departamento competente en materia de política lingüística, por lo que en esta ocasión ha sido la Consejería de Cultura la encargada de hacerlo.
Esta deducción alcanza el 15% de las cantidades donadas, con el límite máximo del 10% de la cuota íntegra autonómica, según establece la normativa de la Agencia Tributaria de Cataluña, con competencias normativas en materia de IRPF. La Generalitat entiende por fomento de la lengua catalana «la realización de actividades que promueven las actitudes positivas hacia el catalán o tienden a incrementar el conocimiento o el uso entre la población en general o en colectivos concretos, y también la investigación sobre la lengua catalana o su situación».
De 62 a 86 asociaciones
El nuevo censo, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC), renueva la inclusión de un total de 62 entidades, excluye a cuatro, pero incorpora a otras 24. Entre ellas se encuentran asociaciones que promueven la independencia de Cataluña o que incitan a delatar a los comerciantes que rotulan en castellano. En ambos casos, se trata de entidades que, paralelamente a los incentivos fiscales que disfrutan sus benefactores, suelen obtener millonarias subvenciones del gobierno catalán.
Este es el caso de Òmnium Cutural y Plataforma per la Llengua. La primera, presidida por Muriel Casals, funciona como el brazo intelectual del gobierno de Mas, pues es la encargada de poner en acción los llamamientos de los nacionalistas a la movilización ciudadana, como acaba de hacer el presidente autonómico de cara a la Diada de Cataluña que se celebra el 11 de septiembre. Mas quiere convertir esta fecha en un clamor ciudadano en favor de la independencia fiscal, deseo que para Òmnium es una orden. Casals ya anunciado que su plataforma dará cobertura a una manifestación de aire independentista a la que podría acudir el propio presidente autonómico. El pasado mes de febrero, cuando la Generalitat ya hacía ostentación de su precariedad económica, Òmnium fue agraciada con una subvención de 1,4 millones.
Quejas lingüísticas
Por su parte, Plataforma per la Llengua-Col.lectiu l’Esbarzer es otra asidua de las ayudas públicas. El año pasado recibió 419.000 euros del departamento de Presidencia de la Generalitat y 129.000 de Bienestar y Familia. Entre las actividades de esta entidad figura la extensión del uso social de la lengua catalana en todos los ámbitos y en todos los territorios de habla catalana. En su página web, esta plataforma se ofrece como intermediaria para canalizar las quejas lingüísticas del ciudadanos, entre ellas la no rotulación en catalán de los comercios, omisión que la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat sanciona con 10.000 euros -el año pasado se impusieron 226 multas por las que se recaudaron 69.950 euros-. Hasta un total de 4.800 quejas tramitó Plataforma per la Llengua en 2011 gracias principalmente a la delación ciudadana, un sistema que en las últimas semanas se ha extendido a otros departamentos de la Generalitat.
Datos personales públicos
La Consejería de Educación anunció recientemente que permitirá a los padres acceder a datos personales -nombre, apellidos y domicilio- de otras familias de las que sospechen que están cometiendo fraude en la preinscripción escolar. Asimismo, una aplicación para móvil de Ferrocarriles de la Generalitat permite a los ususarios denunciar actitudes «incívicas», como la indigencia o la música ambulante.
La lista de entidades censadas es muy amplia e incluye, entre otras, la Associació per a la Difusió del Folklore o Plataforma Sobirania i Progrés.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete