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Las mancomunidades, condenadas a desaparecer

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El Gobierno pretende suprimir las 1.032 ante la oposición del PSOE, que califica la medida como una «ocurrencia más»

Día 06/07/2012 - 11.27h

Al Gobierno le parece capital eliminarlas para evitar duplicidades en las administraciones públicas. El PSOE piensa que es solo una «ocurrencia más». Y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) piensa que sobran muchas. Lo que está claro es que las 1.032 mancomunidades que hay en España están condenadas a su desaparición.

Lo anunció el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta: «Se trata de una racionalización que traerá importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se termine de cerrar la negociación política». «Se hará de todos», haya o no acuerdo con la oposición.

Las mancomunidades son entidades locales creadas por la asociación voluntaria de dos o más municipios para ejecución de obras y servicios de carácter municipal. Con esta reforma, serán las diputaciones quienes pasarán a asumir las competencias municipales de aquellos ayuntamientos que por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no puedan prestar los servicios públicos.

El origen de las mancomunidades se remonta al artículo de la Ley Municipal del 20 de agosto de 1870 para facilitar la prestación de servicios de los municipios pequeños. En la actualidad, tiene amparo constitucional. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, Joaquín Tornos, preguntado por Efe, recuerda que en la Carta Magna está reconocido el derecho de asociación, que incluye a los municipios.

«Los entes locales pueden voluntariamente asociarse para el ejercicio de sus respectivas competencias. Suprimir ese derecho es muy cuestionable», explica. La opción más viable pasaría por quitar a las mancomunidades las competencias, no eliminarlas.

El PSOE, por su parte, está a favor de «racionalizar y simplificar» la Administración pública, pero con «cabeza», y rechaza la supresión de las 1.032 comunidades. El PNV advierte de que la medida no podrá de ser implantación inmediata por su régimen foral.

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