La Justicia obliga a la Universidad de Sevilla a derribar la biblioteca de Zaha Hadid

Aunque cabe recurso , la Hispalense dijo ayer que acatará la sentencia y que actuará y procederá de acuerdo con el Ayuntamiento, al que el auto obliga a realizar los trámites para revertir la situación , incluida la anulación de licencia de obras y de la concesión del terreno a la universidad. A partir de ahora, la Universidad, dice el auto, tiene de plazo un mes para presentar un cronograma de las actuaciones a realizar y determinar qué autoridad o funcionario se hace responsable de que se cumple la sentencia.

El auto es un nuevo varapalo para la Hispalense. Rechaza el recurso que presentó ante la sala tras pedir los vecinos la ejecución de una sentencia dictada por el TSJA en 2009 y 2010 y r atificada por el Supremo en 2011 y que ya establecía la demolición del edificio; la Hispalense reclamaba que se conservase lo construido o, al menos, el aparcamiento, pero el auto insiste en que la construcción de ese edificio está fuera del ordenamiento jurídico, como han mantenido los vecinos representados legalmente por el bufete Prado.

Es más, el TSJA señala que la demolición de lo «ilegalmente construido» es «indispensable para restaurar el orden jurídico perturbado por la actuación ilegal y ello conlleva la demolición en su totalidad, tanto en lo construido sobre rasante (...) como de lo construido en el subsuelo, pues ambas edificaciones pertenecen a la misma actividad urbanística declarada nula».

«El interés público exige la ejecución de la sentencia» tal y como, resalta, establece la Constitución, añadiendo que la «administración debe servir con objetividad a los intereses generales» y recordando que, como ya señaló el Tribunal Constitucional, la tutela judicial efectiva exige que «el fallo judicial se cumpla» porque lo contrario sería «convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ella comportan en favor de alguna de la partes», destacando que la ejecución de sentencias es de esencial importancia «para dar efectividad a la cláusula de Estado social y democrático de Derecho».

El auto obliga a la Universidad a demoler lo construido y a la «completa reposición» de mobiliario urbano y arbolado «a su costa» , recordando cómo en el acuerdo suscrito con Urbanismo renunció a la exigencia de responsabilidad patrimonial a la Gerencia municipal y no hay responsabilidad exigible a la Junta.

Las reacciones a la sentencia fueron dispares. La Universidad dijo que la acatará y el Ayuntamiento, además, precisó que agilizará los trámites que se le piden para anular los actos considerados no conformes a derecho. El Grupo municipal Socialista emitió ayer un comunicado, no suscrito por ningún concejal, en el que lamenta el fallo del TSJA sobre la biblioteca del Prado y que no se hubiese alcanzado un acuerdo que hubiera salvado los recursos públicos invertidos. Según el auto ese acuerdo no hubiera cambiado nada dado el deber de jueces y tribunales «de hacer ejecutar lo juzgado» en base al interés público que marca la Constitución.