Los escoltas sustituirán a la Guardia Civil en la seguridad de las cárceles

«Optimizar recursos» y dar una salida laboral a los escoltas del País Vasco y Navarra, pagados por el Ministerio del Interior, que se quedarán sin trabajo tras la reducción aprobada de casi la mitad del personal privado que presta servicios de protección. Esos son los objetivos que se persiguen con el plan del Ministerio y que ha encomendado a la Dirección General, según fuentes del Departamento.

La primera confirmación se produjo el pasado martes en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil, el primero que presidió el ministro Jorge Fernández Díaz. A preguntas de un vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) sobre una eventual privatización en determinadas unidades de vigilancia, el «número 2» del Cuerpo explicó que existía un proyecto en este sentido y que pasaba por emplear seguridad privada procedente de la reducción sustancial del número de escoltas.

Un par de días después, en la misma AUGC se recibió una llamada telefónica más precisa, tras una reunión celebrada en la Secretaría de Estado de Seguridad. En dicho encuentro se confirmó a la Guardia Civil la «inminente» puesta en marcha del plan de privatización parcial de esos servicios, aunque sin plazos concretos, así como que se había acordado con los escoltas.

Las premisas iniciales distinguen entre los agentes asignados a las unidades de seguridad penitenciaria, que en principio reforzarán las conducciones de presos y el resto, que quedarán a la espera de nuevos cometidos. Los representantes de los guardias civiles han advertido que estarán vigilantes para que no se perjudiquen los intereses de los afectados «por una decisión gubernamental».

La razón de este plan, según fuentes del Cuerpo, es cubrir el problema de falta de personal que ya empieza a ser importante en algunos servicios. Solo el año pasado se jubilaron más agentes por enfermedad (sin contar a los que les correspondía por edad) de los que ingresaron, y esa carencia tiene visos de agudizarse con la crisis.

Aunque es la Guardia Civil la que se encarga de la mayoría de las prisiones, la seguridad de algunos centros penitenciarios está encomendada al Cuerpo Nacional de Policía. Curiosamente, sus representantes sindicales no han recibido ninguna noticia sobre un eventual cambio en el destino de los agentes.