Las víctimas de ETA exigen al Gobierno del PP una aplicación «ortodoxa» de la ley
Alertan que estarán «vigilantes» para impedir la «impunidad» de los terroristas. «La paz sin Justicia es un espejismo», aseguran en una jornada celebrada en San Sebastián por la Fundación Miguel Ángel Blanco
Destacados representantes de los colectivos de víctimas del terrorismo han participado esta mañana en San Sebastián en una jornada «contra la impunidad» organizada por la Fundación Miguel Ángel Blanco en el año en que se cumplirá el XV aniversario de su secuestro y asesinato por ETA. Cristina Cuesta, directora de la fundación, ha destacado que es «crucial» que el final de la banda venga acompañado por una Justicia «penal y social» reparadora para las víctimas y sus familiares, porque de lo contrario, la «paz será un espejismo».
Desde la «determinación» de proseguir la «larga lucha contra la impunidad» han intervenido los portavoces de distintos colectivos como la AVT, Dignidad y Justicia, Fundación Víctimas del Terrorismo o Covite, que han denunciado que «vuelven los tiempos en que las víctimas vamos a ser un estorbo» para los responsables políticos.
«Nos sentimos apátridas, apestados de nuestro tiempo», ha confesado Conchita Martín –viuda del coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en el 2000-, quien ha establecido que «el camino hacia la impunidad se abre con el intento del olvido» a la historia sangrienta de terror protagonizada por ETA.
«Nos quieren inocular»
«Nos quieren inocular», ha convenido Rubén Múgica –hijo del dirigente socialista Fernando Múgica, asesinado en 1996-, tras denunciar el intento de determinados partidos y medios de comunicación por enmarcar a las asociaciones de víctimas en «la derecha radical». «Que no se diga que las víctimas no pueden condicionar la actuación de los poderes públicos mientras sí que pueden hacerlo los terroristas», ha censurado Ana Velasco –hija del comandante Jesús Velasco, asesinado en 1982-.
Con todo, los participantes han reafirmado su intención de estar «vigilantes» ante un final del terrorismo que no será tal hasta que ETA se disuelva y reconozca el daño causado.
En este sentido, han exigido al PP, ahora en el Gobierno central, que no permita concesiones a los terroristas por dejar de matar. «El PP dijo que su aplicación de la ley y el Estado de Derecho sería ortodoxa, pero no está siendo estrictamente así», ha afirmado Portero, quien ha exhortado al presidente Mariano Rajoy a «cortar» con la política penitenciaria «heredada» del Gobierno socialista, que ha calificado como una «bola envenenada».
Es por ello que ha recordado que para que los presos puedan acogerse a beneficios como el tercer grado o la libertad condicional deben, entre otros requisitos, colaborar activamente con la Justicia para esclarecer los crímenes cometidos por la banda y que aún no han sido resueltos. «No conozco un solo terroristas que haya colaborado con la Justicia», ha añadido.
Ante los recelos expresados por la mayoría de los intervinientes, MariMar Blanco, hermana del joven edil de Ermua asesinado en 1997 y actual parlamentaria del PP vasco, ha defendido que con el acceso del PP al Ejecutivo central la «coyuntura ha cambiado felizmente» para las víctimas, que deben estar seguras de que «no habrá diálogos ni negociación» en el final de ETA.
Críticas a la política de López
Los participantes han afirmado asistir «atónitos» a las últimas iniciativas del lendakari, Patxi López, por la paz y la convivencia. En ese sentido, le han acusado de promover la «equiparación» entre las víctimas y sus victimarios.«Se preocupa mucho más por los presos que por las víctimas», han concluido Portero. Al término del acto, el viceconsejero de Seguridad de López, el socialista Miguel Buen, ha afeado en privado este comentario a Portero.
Ángeles Pedraza ha defendido que la derrota de ETA «en ningún caso vendrá de la mano del comisionado para la paz ni de ponencias políticas», en alusión al nombramiento del socialista Jesús Loza como coordinador de las políticas del Gobierno Vasco en esta materia, y del grupo de trabajo que el Parlamento de Vitoria estudia crear.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos ha sido muy severo con la sentencia del Alto Tribunal que permitió a Bildu y Amaiur concurrir a las elecciones y ha concluido que los poderes del Estado «han hecho dejación de sus funciones» al permitir que 314 asesinatos estén sin esclarecer. «La democracia española ha sido burlada desde dentro. Se ha introducido un virus que ya no será posible extirpar. Los seis magistrados (que dieron su voto afirmativo) tendrán que asumir siempre esa responsabilidad», ha recalcado Fernández de Casadevante, quien por otra parte ha calificado de «absurdo» intentar buscar una «verdad compartida» de lo ocurrido, ya que «la verdad es siempre de las víctimas, nunca de los victimarios. Es imposible un relato apaciguador de la fiera», ha añadido.
«El camino hacia la impunidad se abre con el intento del olvido»
La Fundación Miguel Ángel Blanco ha escogido la ciudad de San Sebastián por ser ésta escenario de 155 crímenes mortales de la banda –317 asesinatos en toda Guipúzcoa-. «Desgraciadamente esta ciudad la dirige un ciudadano que justifica la historia criminal de ETA», ha recordado Cuesta, quien ha dirigido al grupo hasta el monumento a las víctimas situado frente al Ayuntamiento donostiarra, donde unas sesenta personas en total han guardado diez minutos de silencio y se ha realizado una ofrenda floral. «¿Esperamos al alcalde?», ha comentado irónico el miembro de UPyD, Rubén Múgica, en alusión al primer edil de Bildu, Juan Karlos Izagirre.
Este primer acto de la Fundación Miguel Ángel Blanco en el año del XV aniversario de su asesinato ha contado con la presencia de distintos representantes políticos, como la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga; el viceconsejero vasco de Seguridad, Miguel Buen; la directora de Atención a las Victimas del Gobierno Vasco, Maixabel Lasa, y parlamentarios del PP vasco y UPyD. También ha acudido el portavoz de la asociación de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado víctimas del terrorismo (Acfsevt) en el País Vasco.
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