De profesión, liberado sindical

Nadie sabe con certeza cuántos liberados tienen los sindicatos a nivel estatal, autonómico, provincial o local. Muy escasa es la información sobre estos «trabajadores del sindicato» que están siendo blanco de muchas comunidades autónomas por los ajustes y que no despiertan ninguna simpatía entre la población española porque, como aseguró Cándido Méndez, se asocian —piensa que equivocadamente— a un trabajador que «no da ni golpe».

En nada ayudan situaciones como las producidas días antes de la huelga general del 29-S de 2010 contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero cuando UGT y CC.OO. celebraron, en un día laborable, una asamblea de delegados para convencer a los trabajadores de que acudieran a la protesta. Con 16.000 liberados en el interior del Palacio de Vistalegre de Madrid y 3.000 más fuera del recinto, ambos sindicatos hicieron una demostración de fuerza y quemaron los últimos cartuchos contra la política económica del Gobierno socialista. Pero... ¿qué trabajador en España puede ausentarse de su puesto de trabajo para acudir a un mitin o concentración?

Los que tienen que afrontar los gastos, que son las empresas, son los únicos que han realizado algunos estudios sobre los liberados sindicales. Un informe de la CEOE cifra su número en el sector privado en 4.127 y su coste anual salarial «asciende a más de 250 millones de euros, sin contar el coste de reposición y/o la productividad asociada», precisa el documento.

Para llegar a esta cifra la organización empresarial estima un coste laboral medio de 50.000 euros anuales, una cifra sensiblemente superior a la que estima el Instituto Nacional de Estadística. Según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral (incluyendo Seguridad Social y pagas extraordinarias) el coste medio de un trabajador para las empresas se sitúa en 30.819,53 millones de euros. Es decir, sensiblemente por debajo de la cifra estimada por la CEOE para llegar a los 250 millones de euros.

Pero ¿y los funcionarios? Es aquí donde los cálculos fallan. La patronal precisa en el documento que los funcionarios cuentan con 20.789 delegados o representantes de los trabajadores . Pero también puntualiza que «el número de liberados “no registrados”, que es muy superior, es imposible de calcular debido a los acuerdos de uno u otro tipo que se suelen producir en las distintas administraciones y, que en los últimos tiempos están siendo revisados por las comunidades autónomas».

De los datos que ha elaborado la organización empresarial se desprende que en España hay 290.828 delegados de personal o representantes de los trabajadores en las empresas privadas, a los que habría que añadir los 42.944 delegados en las distintas administraciones públicas. Si se atiende a las estimaciones de la patronal, estos trabajadores consumen más de 60 millones de horas para actividad sindical. Un derecho que está amparado por la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la norma que regula la representatividad de las organizaciones sindicales en nuestro país.

El Estatuto de los Trabajadores es quien faculta a los representantes de los trabajadores a acumular todas las horas sindicales en un solo sindicalista. La norma tiene carácter básico, por lo que puede ser mejorada en convenio. Y eso es realmente lo que explica que parezca que hay muchos más liberados de los que reconoce el documento elaborado por los servicios técnicos de la organización empresarial.

La CEOE recuerda que en España no existe un censo , ni siquiera un registro, en el que se pueda consultar oficialmente el número de liberados sindicales. Tan solo se sabe cuántos delegados de personal han elegido los trabajadores, y el resultado es que existe un representante (no un liberado) por cada 39 trabajadores, según la base de convenios colectivos a la que alude la organización empresarial. La causa de esta escasa representación tiene que ver con el tamaño de la empresa española, de escasa dimensión. La inmensa mayoría son empresas con menos de 10 trabajadores, donde la presencia sindical es muy escasa. De hecho, solo 4.702 empresas cuentan con más de 250 trabajadores, un número similar al de liberados sindicales.

¿Y si se pregunta a los sindicatos? Fuentes sindicales consultadas por Empresa explican que entre UGT y CC.OO. no tienen más de 8.000 liberados «institucionales». Y que CSI-CSIF, el sindicato con más peso en la Administración, tendría 2.000. Con estos resultados, la cifra total estaría en 10.000.

La cifra de liberados sindicales parece reducida en relación con el número de asalariados. Pero sobre todo parece mínima si se compara con los 2.000 liberados que dijo la Comunidad de Madrid que había en la región. Y ello significaría también que el número de liberados superaría ampliamente lo que establece la ley, lo que puede explicarse por los pactos entre sindicatos y los gobiernos autonómicos , que en este caso actúan como empresarios.

Madrid abrió la veda, le siguieron Castilla-La Mancha, La Rioja, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, Murcia... y ahora ha sido Castilla y León la región que ha recortado su número de liberados sindicales con el pretexto de la crisis y de ajustar los gastos. Decisiones polémicas pero avaladas por la legalidad «siempre que estén motivadas por una causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas».

La Comunidad de Madrid anunció hace unos días ahorros de 72 millones de euros por la rebaja del 70% de las horas sindicales en la Administración regional —el máximo legal— y la disminución del número de liberados, rebajados a la tercera parte, la misma senda que tomaba Castilla y León, que avanzaba esta semana su decisión de reducir en un 31% su número de liberados, lo que implicará para esta región ahorros cercanos a los 14 millones de euros.

¿Qué opinan de estos hachazos los sindicatos? El secretario general de CC.OO. Ignacio Fernández Toxo, puntualiza que los liberados sindicales son trabajadores que tienen horas sindicales cedidas por sus compañeros y que, «en la mayoría de los casos, trabajan muchas más horas que éstos». «Cada vez que se habla de ajustes de gasto lo primero que se plantea es recorte de derechos sindicales, pero no de otros liberados, como los de partidos políticos».

Para Fernández Toxo el término liberado tiene una «carga negativa para atacar los derechos sindicales», y «se habla de forma peyorativa sobre ellos para desprestigiar a alguien con dedicación completa por cesión de horas a la actividad, mayoritariamente en el centro de trabajo o de forma externa de apoyo a la actividad en dicho centro». Recuerda que existen normas que desarrollan el derecho a la libertad sindical y «se establece un cuadro de garantías a partir de esa norma», en referencia a la Ley Orgánica de Libertad Sindical o el Estatuto de los Trabajadores.