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La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha defendido la decisión del juez del caso Palma Arena de no grabar la declaración de Iñaki Urdangarín al entender que «no todos los imputados son iguales».
«La decisión, que ha sido ponderada por la justicia, tiene que ver con quién es y porque ha habido un juicio paralelo», ha declarado en «Los desayunos de TVE». Bravo afirmó que el gobierno de los jueces está «seriamente preocupado por el tema de las filtraciones». «Está en juego el derecho a la presunción de inocencia -declaró-. En muchas ocasiones se ofrecen informaciones tan duras que nadie se recupera de ese estigma».
Informaciones, recordó, obtenidas de forma ilícita y porque alguien las facilita a sabiendas de que no es legal. Esta semana el CGPJ acordó abrir diligencias informativas y, próximamente, pedir un informe al juez instructor del caso Palma Arena por las filtraciones a la prensa.
Cuestionada por la condena al juez Baltasar Garzón, inhabilitado por once años por las escuchas ilegales de la trama Gürtel, Bravo recordó que «no es el primer magistrado condenado por prevaricación». Y aseguró no tener conocimiento de que se practiquen diligencias similares. «Si otros lo están haciendo, están las vías judiciales abiertas para poderlo valorar», zanjó.
Dijo también que es «intolerable e inadmisible» que se tilde de «fascistas» a los miembros del Tribunal Supremo. Acusar a los siete magistrados de «casta de burócratas al servicio de la venganza», como hizo el exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, es entrar en «descalificaciones y ataques personales».
La sentencia del Tribunal Supremo valora que Garzón admitió «prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa».
En este sentido, Gabriela Bravo defendió que «el derecho de defensa es una pieza nuclear y esencial para poder consolidar el estado de derecho. En el momento en que se ha cercenado se derrumban claramente todas las garantías».
Bravo cree que al juicio contra Garzón tiene una dimensión «a nivel nacional e internacional que no tiene paragón con el resto de los miembros del poder judicial». Es esa la razón de la gran repercusión mediática, cuestión que preocupa al CGPJ, muy preocupado por la imagen que «se está trasladando al exterior». «Estamos a la cabeza de Europa como justicia garantista, digan lo que digan».
