Las tensiones económicas de Mortier en París
JUAN PEDRO QUIÑONERO
Desde hace años, las relaciones de Gerard Mortier con el ministerio francés de la Cultura, la Ópera nacional de París y otras instituciones internacionales, han estado muy marcadas por unas tensiones económicas «resueltas» con amenazas y desplantes de un costo económico creciente.
En París, la ... carrera de Mortier ha tenido muchos altibajos. Tuvo sus años de gloria durante su participación en el proyecto de la Ópera Bastilla, con unos resultados que no siempre estuvieron a la altura de las esperanzas, pero con un costo siempre creciente, aparentemente incontrolado, que pasó a convertirse en un problema de fondo cuando el personaje terminó ejerciendo como director general de la Ópera nacional de París, entre el 2004 y el 2009.
La Ópera nacional de París tiene dos grandes salas, el Palacio Garnier y la Ópera de la Bastilla, administradas y subvencionadas masivamente por los ministerios de Cultura y Economía, que no consiguieron reducir una acumulación de déficits y deudas que el Tribunal de cuentas consideró «alarmantes».
Cuando los gestores públicos intentaron frenar los gastos, el caso Mortier tomó unas proporciones que terminaron en una insólita prueba de fuerza. El director amenazó con querellarse contra el Estado. Y consiguió unas indemnizaciones cuya concesión tuvo ciertas «ambiguedades», denunciadas por un informe oficial del Senado.
Año tras año, el Tribunal de cuentas ha intentado que los ministerios de tutela, y los directores y administradores, den explicaciones públicas sobre una gestión económica siempre al borde de la catástrofe. En uno de sus últimos informes, el Tribunal pedía a los ministerios de Cultura y Economía un control de gestión significativo, aprovechando la «oportunidad» de los nuevos nombramientos que siguieron a la despedida de Mortier, con motivo de la programación de los años 2009 a 2012.
A juicio del Tribunal de cuentas, el déficit de la Ópera nacional de París se agravó durante los últimos años del mandato Mortier, que, afirma el Tribunal, «amenazó con iniciar un largo proceso, ante los tribunales, contra el Estado», si el ministerio no aceptaba las condiciones que el director saliente «imponía» al ministerio de Cultural, y que pueden resumirse en dos cifras: 460.272 euros de indemnizaciones personales, y otros 250.000 euros para sus «colaboradores personales».
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