Los expropiados por Chávez denuncian extorsiones

Con 19 expedientes en mano afirmó que el gobierno está exigiendo a los productores agropecuarios que donen el 50 por ciento de su propiedad como condición para cancelar la expropiación.

“Se trata de personas cuyos negocios y propiedades han sido expropiados y que me han pedido que los defienda en su justo reclamo, gente que se siente desamparada y que no tiene en su afán de buscar justicia. En ninguno de estos casos el gobierno ha pagado”, afirmó Machado. “ Así que no sólo expropiar es robar. Ahora expropiar también significa extorsionar ”, subrayó.

Recordó que el gobierno de Hugo Chávez ha expropiado 4 millones de hectáreas y que sólo ha pagado el 10 por ciento, razón por la cual la precandidata presidencial afirma que el gobierno “se ha robado el 90 por ciento restante”.

María Corina aseguró a los afectados, algunos de los cuales la acompañaron a presentar la denuncia, que no estaban solos en su lucha. Prometió acompañarlos en su reclamo y agregó que como presidente hará todo lo que esté a su alcance para que se haga justicia.

La lista de los que reclaman la indemnización y denuncian las irregularidades es más larga de los 19 casos que presentó ante la Fiscalía la diputada Machado. El presidente de la Federación de Centros Españoles de Venezuela (FECEVE) , Felix Barbero, sostiene que el gobierno venezolano no ha cumplido con lo establecido en la Constitución en cuanto a las indemnizaciones por lo que las “expropiaciones ejecutadas son ilegales”.

Barbero también ha denunciado, el 6 de enero pasado, ante las autoridades de España lo que ocurre en Venezuela, y pidió el cumplimiento del acuerdo bilateral firmado entre ambos países en 1996. Dijo que el tratado bilateral de Promoción y Protección recíproca de inversiones es vulnerado por el gobierno de Chávez, lo que afecta a más de 300 empresarios españoles por una cantidad que “pudiera pasar de más de 5.000 millones de euros”.

Y es que el gobierno de Chávez decidió retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha dejado vulnerables sin respaldo internacional los reclamos y demandas por expropiación a las inversiones extranjeras en Venezuela.

Sumándose al coro de reclamos y denuncias, la diputada de la Coalición Canaria (CC) Ana Oramas ha solicitado la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, para que declare sobre “la falta de garantías físicas y jurídicas que sufren los ciudadanos españoles que residen en Venezuela”.

“Los canarios son los más afectados por la aplicación de la reforma agraria impulsada por dicho país, consistente en la expropiación e invasión de tierras, con el agravante de que la mayor parte de ellos sigue sin percibir la indemnización que les corresponde”, dice el comunicado difundido el lunes por Coalición Canaria.

Cuando el domingo pasado el presidente amenazó con expropiar a la banca privada (Provincial de la española BBVA, Banescso y Mercantil) si no colaboraban en el financiamiento agrícola, dijo que a la denominada “Agropatria,” expropiada hace un año a la canaria “Agroisleña”, se le iba a inyectar 220 millones de dólares para las semillas, fertilizantes e insumos de los productores.