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La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha admitido a trámite una querella por prevaricación contra el viceconsejero de Empleo de la Junta, Justo Mañas, un director general y dos funcionarios, denunciados por tres prejubilados de Mercasevilla por dejar de cobrar sus mensualidades.
Fuentes del caso han informado hoy a Efe de que esta denuncia penal fue presentada en el juzgado de guardia y, por reparto, ha recaído en el juzgado de instrucción 6, el mismo que investiga las irregularidades en los ERE de Mercasevilla y de otras empresas, así como las ayudas sociolaborales de la Junta.
La querella se dirige contra el viceconsejero Mañas, el director general de Empleo, Daniel Alberto Rivera, y dos sucesivos jefes del servicio de Ordenación y Coordinación Laboral, R.A. y P.F., y ha sido admitida a trámite por la juez Alaya.
Los denunciantes son tres de los 74 trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE del 2003 del mercado central sevillano, que imputan un delito de prevaricación administrativa porque desde mayo del 2011, a raíz de la investigación sobre los ERE fraudulentos, dejaron de cobrar sus prejubilaciones en Mercasevilla.
El ERE del 2003, junto con el del 2007, es uno de los que investiga la juez y en él han aparecido varios "intrusos" entre sus 74 beneficiarios, aunque los denunciantes acumulan 14, 15 y 32 años de antigüedad, han añadido las fuentes.
Los trabajadores denunciaron la difícil situación en que se encuentran tras varios meses sin cobrar y destacaron que, pese a la legalidad de su plan de prejubilaciones, el 1 de junio del 2011 dejaron de cobrar "sin previo aviso ni comunicación".
Unos días después les notificaron la interrupción del pago "aludiendo, de forma imprecisa, a la concurrencia de algún tipo de irregularidad o a la existencia de alguna observación en los informes emitidos en los procedimientos de información reservada", pero sin concretar el supuesto aplicable a cada uno.
Posteriormente, la Junta les comunicó que el motivo de la suspensión era que a diciembre del 2003 no habían cumplido los 50 años, lo que no es el caso, según los denunciantes.
En su denuncia afirmaron haber sido víctimas de discriminación, puesto que después de siete años, y sólo cuando la juez inició la causa judicial por las irregularidades en los ERE, vieron suspendidas sus prestaciones.
La denuncia pidió que se tomase declaración a estos altos cargos, además de al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, todos ellos imputados en otros sumarios del caso Mercasevilla.
