La Junta, desbordada por el escándalo de los ERE

Tirando del hilo de una investigación por evasión de impuestos en el cobro de las ayudas, la Agencia Tributaria descubrió un fraude en las subvenciones. Así se lo hizo saber, primero, a la Agencia IDEA, que abonaba las ayudas, y después, a la Dirección General de Trabajo, a la que requirió toda la documentación sobre las mismas. Tras llamar a varias puertas de la Junta sin éxito —IDEA respondió dos veces que los expedientes no figuraban en este organismo—, le contestó el 30 de marzo de 2009, casi un año antes de estallar el caso de los ERE falsos, Juan Márquez Contreras, el sucesor de Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo. En dos informes, uno para cada una de las empresas beneficiarias, este alto cargo se limitó a confirmar los pagos realizados «de conformidad con los procedimientos establecidos» en referencia al sistema que ideó la Consejería de Empleo en 2001 que permitió ocultar el control público de 647 millones de euros. Ésta fue la dotación que tuvo el «fondo de reptiles» hasta 2010.

No consta en los papeles que se enviaron que Empleo resolviera expediente alguno de devolución por el uso irregular de los 900.000 euros que le abonó en 2005, correspondientes a dos subvenciones que salieron de la polémica partida 31L para rescatar a empresas en crisis, parte de los cuales se gastaron en copas, antigüedades, fiestas y cocaína. Si realmente inició un expediente para que devolviera la cantidad indebidamente aplicada, jamás lo llevó a término.

Falta de control

Más allá de la trapacería con que se actuó, este caso es paradigmático de la ausencia de fiscalización con que se canalizaban las ayudas. El sistema estaba plagado de lagunas legales, como puso de manifiesto la Intervención General, dependiente de la Consejería de Economía —que dirigió el presidente, José Antonio Griñán, entre 2004 a 2009— . La falta de control favoreció que se montara una trama de expedientes de regulación de empleo amañados y ayudas arbitrarias a empresas que trata de desentrañar desde hace un año la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

El conductor autonómico en sus declaraciones policiales y judiciales aseguró «no tener constancia de haber sido expedientado por la Junta para el reintegro de dicha cantidad». Tampoco Empleo se puso en contacto con él para «inspeccionar si el destino de la subvención» fue la generación de empleo, como precisó. De hecho, no creó ningún puesto de trabajo en las dos firmas que resultaron beneficiarias de las ayudas. Una información que se comprueba con un simple vistazo al Registro Mercantil.

Sin embargo, la Junta no realizó ningún seguimiento a posteriori del uso de los 900.000 euros. No pidió justificación tampoco, siguiendo el modus operandi con el que se gestionó «fondo de reptiles». Empleo eludió contestarle a este respecto al Juzgado de instrucción número 1 de Ándujar cuando éste le pidió que informara «sobre el seguimiento que se ha hecho de la subvención y si en caso de incumplimiento de los fines de la misma, ésta fue reintegrada».

Las empresas del chófer, que fue despedido en 2009 por «falsear» una baja médica, no registraron actividad desde que se abonaron las ayudas en 2005. No presenta cuentas en desde entonces. Fueron creadas «ad hoc» como le sugirió Guerrero en un local de copas que frecuentaban ambos al término de su jornada laboral con el único fin de captar los fondos.

No acudió al juzgado

Pudiéndolo hacer, la Junta tampoco inició acciones legales como parte perjudicada por el quebranto que causó a sus arcas el fraude con las subvenciones al empleo, a pesar de que la propia abogada del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, así lo sugirió en marzo de 2010 en el proceso de diligencias previas.

El dinero no se empleó en los fines que se especificaban en los convenios: la construcción de un complejo de casas rurales en plena sierra de Ándujar en el caso de la firma Inicitativas Turísticas Sierra Morena SL y la creación de una empresa de muebles y de una oficina de asesoramiento empresarial en lo que respecta a la otra sociedad que administraba Trujillo, Lógica Estratégica Empresarial SL.

En un informe de marzo de 2010 que dirige al Juzgado de instrucción número 1 de Andújar, al que ha tenido acceso este periódico, la abogada del Estado María Fernández señala el camino de los tribunales a la Junta: «Según se deduce del informe de la Inspección, la misma \[subvención\] no fue aplicada al destino para el que le fue concedida, debiendo hacerse el correspondiente ofrecimiento de acciones a la Junta de Andalucía como perjudicado por el delito de fraude de subvenciones», expuso. No actuó.

El chófer relató que entregó en mano parte de las subvenciones, que cifró entre 40.000 y 60.000 euros, y destinó otra parte a la compra de cocaína, copas, relojes y antigüedades con los que obsequió a su jefe, Guerrero. Así lo confesó en diciembre pasado hasta tres veces al hilo de la inspección iniciada en febrero de 2008 por la Agencia Tributaria.

Aparece vinculado a tres empresas más

Más allá del apunte anecdótico de la cocaína, el caso de las ayudas de 900.000 con el «fondo de reptiles» a las empresas del chófer de Guerrero es de manual, pues resume en un mismo expediente casi todas las irregularidades del caso de los ERE. El conductor inscribió en el Registro Mercantil a sus dos empresas, Iniciativas Turísticas Sierra Morena SL y Lógica Estratégica Empresarial SL, tan sólo un mes y medio antes de la firma de los convenios (febrero de 2004) por los que Empleo libró dos ayudas de 450.000 euros. Actividad no tenían y no presentó cuentas en el Registro desde 2005, cuando la Junta le pagó. Además, Trujillo aparece en tres firmas más: como administrador en Ave Nueva SL, dedicada a la agricultura, donde gastó parte de las ayudas, según consta en los movimientos bancarios, y en Inverdosmar SL, enfocada a la compraventa de fincas rústicas y urbanas. Y, por último, es apoderado de Saphire Grupo Empresarial, una promotora inmobiliaria.