El Supremo no ve delito en los contactos del Gobierno con ETA en 2006

Así lo ha acordado el Alto Tribunal en un auto en el que rechaza la denuncia interpuesta por el sindicato ultraderechista, que pedía que se investigara a Eguiguren, Gómez Benítez y al exministro y exfiscal general del Estado Javier Moscoso por los supuestos delitos de colaboración terrorista y encubrimiento. En el auto, el Supremo reitera su jurisprudencia, según la cual el delito de colaboración terrorista requiere la existencia de acciones que, realizadas con este fin, faciliten las actividades de la banda, "sin que puedan ser, en principio, criminalizadas las posiciones de diálogo para la búsqueda de la mejor opción de Gobierno que garantice la ordenada convivencia social".

En este sentido, recuerda que en mayo de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó una resolución por la que autorizaba al Gobierno a entablar el diálogo con ETA y que, en octubre de 2006, el Parlamento Europeo avaló esa resolución y la iniciativa emprendida por el Ejecutivo, reiterando la "naturaleza no delictiva" de tales conversaciones y contactos.

El Supremo sostiene que el control judicial sobre la actuación de otros poderes del Estado nunca podrá realizarse haciendo abstracción de la primacía que tiene el principio democrático en el sistema constitucional, que se manifiesta en la Constitución, según la cual son las Cortes Generales, que representan al pueblo español, las que controlan la acción del Gobierno.

"Sería un fraude constitucional que alguien pretendiese mediante el ejercicio de la acción penal corregir la dirección de la política interior encomendada al Gobierno democráticamente legitimado", añade, en la misma línea que la Fiscalía, que solicitó que se rechazara la querella que Manos Limpias presentó inicialmente en la Audiencia Nacional el pasado 30 de marzo.

Este colectivo se basó en las actas de ETA intervenidas a Francisco Javier López Peña, "Thierry", y en diversas informaciones de prensa, que transcribieron los contactos en los que Eguiguren, Gómez Benítez y Moscoso intervinieron como representantes del Gobierno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco , remitió en abril al Supremo la querella, al ser aforados Eguiguren y Gómez Benítez. Finalmente, el TS ha archivado la denuncia con la misma doctrina utilizada en 2006, cuando acordó no admitir a trámite otra denuncia del mismo colectivo contra el presidente del Gobierno , José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro José Blanco , el lendakari, Patxi López , y el dirigente del PSE Rodolfo Ares , por las reuniones mantenidas con el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi .

También hoy el Alto Tribunal se ha pronunciado respaldando la decisión inicial de la Audiencia Nacional de fijar incialmente en enero de 2017 la fecha de excarcelacion del histórico preso de ETA, actualmente fugado, Antonio Troitiño . La resolución ahora validada, fechada el 10 de marzo de este año, fue modificada algo más de un mes más tarde, cuando el mismo tribunal dejó a Troitiño en libertad al descontar el tiempo pasado en prisión preventiva del límite máximo de estancia en la cárcel (30 años) y no del conjunto de sus condenas. Aunque la polémica decisión fue subsanada una semana más tarde, para entonces Troitiño ya se había fugado y a día de hoy se encuentra en paradero desconocido.

Troitiño fue condenado a más de 2.700 años de prisión por 22 atentados cometidos como miembro del "comando Madrid", entre ellos el perpetrado en 1986 en la plaza de República Dominicana de Madrid, en el que fallecieron 12 guardias civiles, fue puesto en libertad tras pasar 24 años en prisión. El tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara aplicó a su condena su propia interpretación de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la prisión provisional y la refundición de penas, y descontó el periodo de seis años que permaneció en preventiva al máximo legal de cumplimiento efectivo. Cuando la decisión se rectificó una semana más tarde, Troitiño ya no pudo se encontrado por las Fuerzas de Seguridad. La orden de reingreso en prisión fue recurrida por el abogado del etarra , quien en su día también había impugnado la primera fijación de licenciamiento, que es la que ha revisado a puerta cerrada el Supremo.