Un juez embarga bienes a Parla por deudas de la etapa de Tomás Gómez

La decisión de la Justicia viene motivada por la deuda que dejó el anterior alcalde y actual secretario general del PSM, Tomás Gómez, con la empresa Servidrive SL, a la que éste tenía adjudicada la gestión de las instalaciones deportivas del municipio. Un «agujero» que, pese a los numerosos requerimientos de los tribunales y de la propia empresa, el sucesor de Gómez, el actual alcalde socialista, José María Fraile, sigue sin pagar .

Esta empresa llevó a los tribunales al Ayuntamiento de Parla a principios de 2009 ya que Gómez dejó la Alcaldía sin abonarle 4,1 millones de euros en facturas correspondientes a sus dos últimos años como regidor (2007 y 2008). Un año después, la Justicia le dio la razón y condenó al Ayuntamiento a pagar esos 700 millones de las antiguas pesetas más intereses de demora.

Durante otro año largo, el heredero de Tomás Gómez, José María Fraile, se limitó a ignorar la sentencia, por lo que el pasado mes de febrero el mismo juzgado volvió a emitir otro auto obligando al Consistorio a cumplir esa sentencia por la vía de la ejecución forzosa.

Sólo tras este segundo aviso, el actual alcalde pagó unos 780.000 euros a la empresa, lo que representa apenas la quinta parte de la deuda, sin contar los intereses de demora. Al mes siguiente, en marzo de este año, el juzgado recordó a Fraile que le restaban por pagar 3,3 millones de euros de la deuda principal , más 644.000 euros de intereses. Además, le instó a explicar a la empresa cómo y cuándo pensaba pagarlos.

Tras cuatro meses sin ninguna respuesta por parte del alcalde socialista, el juez decidió a finales de julio ordenar la ejecución —contra la que «no cabe recurso alguno»— por valor de los 4 millones de euros que siguen pendientes desde la época de Tomás Gómez. Ese mismo día, además, el secretario judicial instó a la interventora municipal a que en el plazo de dos semanas aportara una relación de bienes patrimoniales del municipio que pudieran ser susceptibles de embargo por dicha cantidad. El juez deja claro en el auto, al que ha tenido acceso ABC , que los bienes requisados no pueden afectar al servicio público que el Ayuntamiento presta a los vecinos de Parla, pero sí a terrenos, edificios o cualquier otro patrimonio municipal.

Las deudas que Tomás Gómez dejó a su sucesor, y que éste no ha querido —o no ha podido— satisfacer han comenzado a empobrecer el patrimonio de todos los vecinos de Parla, en este caso en más de cuatro millones por una sola empresa. Asusta pensar lo que puede pasar si otros acreedores como Tranvía de Parla o Valoriza (recogida de basura) siguen el mismo camino . Basta recordar que solo a esta última compañía, el alcalde acaba de reconocer que le debe 80 millones de euros más intereses, buena parte de ellos también de la época de Tomás Gómez.

Los problemas que genera el tranvía de Parla son, también, para echarse a temblar. El tranvía supuso una inversión para la empresa concesionaria de 130 millones de euros. Comunica el casco urbano de la localidad con los nuevos desarrollos de Parla Este, un consorcio urbanístico formado por la Comunidad de Madrid (55%) y el Consistorio parleño (45%).

Mientras este consorcio aportó 44 millones de euros, procedentes de los beneficios derivados de los desarrollos de suelo, para la construcción de la línea de tranvía, el Ayuntamiento, presidido entonces por Tomás Gómez, se comprometió a abonar los 88 millones de euros restantes hasta 2037, así como una compensación por explotación en concepto de «tranvía por kilómetro» durante los cinco primeros años.

A día de hoy, el Ayuntamiento no ha pagado ni un solo euro de lo que le correspondía según consta en los resúmenes ejecutivos del Consejo de Administración de Tranvía de Parla S.A., que fija el total impagado por su parte a 31 de diciembre de 2010 en 29,4 millones. Además, las obligaciones del Consistorio previstas durante 2011 ascienden a 9,5 millones de euros , lo que supone que la deuda aumenta 800.000 euros al mes, un dato muy preocupante en este contexto.

Todos estos problemas económicos están llevando la incertidumbre a los funcionarios del Consistorio que, en privado, comienzan a temer que el Ayuntamiento se vea obligado a poner en marcha un ERE para garantizar la viabilidad económica del Ayuntamiento.