«Si me tocan la pensión aún más, asalto el Parlamento»

«Este plan de ajuste del Gobierno es la enésima porquería que golpea a la pobre gente». Quien dice estas palabras no es uno de los 8,3 millones de pobres que tiene Italia, según el Istat (Instituto de Estadística italiano). Representan el 13 % de la población y, en el mejor de los casos, viven dos con menos de 1.000 euros. El que habla de «porquería» es el exministro de Asuntos Exteriores, Antonio Martino. «Les habíamos prometido que les bajaríamos las tasas y, en cambio, se las aumentamos». En efecto, a una familia media italiana le costará el plan entre 1.200 y 1.800 euros. «Es desesperante. Yo gano menos de 2.000 euros al mes y tengo cinco hijos. Mi mujer no trabaja. Ahora me costará más llegar a final de mes. Luego hablan de ayudas a las familias. No tienen vergüenza», nos dice Francesco Baldini, empleado de una tienda próxima al Panteón de Roma.

Los trabajadores en general están indignados, pero no menos enojados están los jóvenes, porque se les ha robado la esperanza en el futuro. Silvia Tardioli, de 32 años, física, está en el paro. Su amigo Emilio Catalini, ingeniero de 34 años, con un máster en el extranjero, como Silvia, es un afortunado porque mañana mismo empieza a trabajar. Ambos ven negro el futuro. «Sólo se hacen recortes y suben impuestos. Pero no se estimula el crecimiento; todo seguirá igual o irá a peor. ¿Estado de bienestar? Si para recibir una pensión habrá que cotizar más de 40 años, será muy difícil percibirla en el caso de que aún haya algo que cobrar para nuestra jubilación». Silvia arremete contra las castas, en particular la política. «No hay quien las suprima, son intocables». Dentro de los políticos, está la casta de los abogados. El plan de ajuste fiscal preveía ciertas liberalizaciones, como la eliminación del colegio de abogados, la profesión más representada en el Parlamento, con 134 letrados. Pero con su arrogancia y presión lograron que el Gobierno diera marcha atrás.

Se indignan también los jubilados. Luca y Stefano cobran 650 euros de pensión. «Vivimos en un constante sacrificio. Poco nos pueden tocar ya esa cantidad. Si lo hacen, asalto el Parlamento», sentencia Luca. Ambos muestran su preocupación porque con los drásticos recortes que sufrirán los ayuntamientos y regiones se eliminarán programas sociales y sufrirá un deterioro la sanidad. «Los ayuntamientos están desangrados. Viven de las multas y por eso tienen que poner cada día más», comenta Patrizia Porpora, propietaria de una librería.