Delitos contra las instituciones del Estado, coacciones y amenazas, sedición y asociación ilícita. El colectivo Manos Limpias imputa todos estos cargos a los «indignados» del movimiento 15-M que han causado altercados en distintas partes de España, especialmente en Barcelona, Madrid o Valencia.
En una querella presentada ayer en la Audiencia Nacional, este colectivo solicita que testifiquen como perjudicados el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas; el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, o la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otros. Todos pueden aportar, dice, «información relevante».
Los querellantes aluden en su escrito a todos los actos violentos que han tenido lugar en la constitución de ayuntamientos y Parlamentos autonómicos, así como a los «indignados» que «se han propuesto impedir que los tribunales de cualquier partido judicial español procedan a ejecutar los desahucios acordados y envían escudos humanos» para oponer resistencia.
«Todas las acciones responden a un mismo fin: impedir por la fuerza el desarrollo de las instituciones democráticas (...) suplantando la voluntad de los ciudadanos que han ejercido sus derechos constitucionales a través del voto», señala. Además, a juicio de Manos Limpias, todas estas acciones están «perfectamente planificadas y coordinadas para imponer por la fuerza, las coacciones y las amenazas un sistema acorde con su ideología, que responde a la ultraizquierda radical».
Los querellantes justifican su personación como acusación popular en la «inactividad» del Ministerio Fiscal ante este escenario delictivo.
