El absentismo laboral costó a España más de 64.000 millones el año pasado

El coste directo de este absentismo, por prestaciones económicas, complementos, mejoras y cotizaciones en favor de los trabajadores, superó los 8.000 millones de euros el año pasado. En concreto, las mutuas de accidentes de trabajo pagaron 3.371 millones de euros en prestaciones. Las entidades gestoras de la Seguridad Social asumieron cerca de 2.600 millones, y el coste con cargo directo a los empresarios ascendió a 2.100 millones.

Pero mucho más abultada es la cifra de lo que dejaron de producir este millón de trabajadores que de media faltaron cada día a su puesto de trabajo en España durante el ejercicio de 2010. Según los cálculos empresariales esta cifra asciende a más de 64.000 millones de euros, lo que equivaldría al 6% del Producto Interior Bruto (PIB).

De acuerdo con un informe de la patronal al que ha tenido acceso este periódico, entre el 20% y el 30% de este absentismo laboral es un fraude que podría evitarse. Por tanto, las irregularidades en este ámbito estarían costando a nuestro país entre 12.000 y 20.000 millones, o lo que es lo mismo, entre el 1,2% y el 1,8% del PIB.

Las cifras hablan por sí solas. Durante el año pasado, la Seguridad Social y las mutuas de accidentes de trabajo contabilizaron 4.806.060 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes con un total de días de trabajo perdidos de 221,7 millones de euros.

La lucha contra el absentismo injustificado es una petición histórica de la CEOE, que ahora su presidente, Juan Rosell, ha elevado al primer plano de las reivindicaciones empresariales. Lo reclama de forma insistente ante las mesas del diálogo social y fue unas de los principales peticiones que realizó durante la reunión que el presidente Rodríguez Zapatero mantuvo el pasado mes de marzo en La Moncloa con las grandes empresas.

Las propuestas que la patronal lleva bajo el brazo para mejorar el absentismo pasan irremediablemente porque las mutuas puedan dar el alta médica en los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, como ya hacen en los casos de accidentes de trabajo o en las bajas por riesgos durante el embarazo o la lactancia.

Los datos, en este caso, demuestran que la duración media de los procesos de incapacidad temporal que controlan las mutuas fue el año pasado de 35,69 días, casi trece menos que los casos gestionados por la Seguridad Social, en los que las bajas duraron una media de 48.07 días. Este es precisamente uno de los temas que se negocian en el seno del diálogo abierto sobre negociación colectiva que está a punto de culminar, pero que cuenta con fuertes reticencias de los sindicatos.

También reclama la CEOE que las mutuas de accidentes puedan realizar un efectivo control médico de las bajas desde el primer día. Argumentan que, como la Seguridad Social no corre con los gastos de los procesos que duran menos de 15 días, no controla ni verifica estas bajas, ni directamente ni a través de las entidades gestoras, y que además, tampoco se lo permite a las mutuas, ni deja que las empresas lo hagan, por lo que la gestión de estos procesos de baja, atención sanitaria, prestación económica y eventual alta es, a juicio de la patronal, ineficiente y traslada a la empresa las deficiencias del sistema público de salud, «permitiendo grandes abusos en la prestación económica de la incapacidad temporal».

Además, proponen que se aprovechen los recursos sanitarios disponibles de las mutuas para reducir la duración de los procesos de incapacidad temporal y para dar una mejor y más rápida atención sanitaria, reduciendo asimismo las listas de espera de la Seguridad Social.

Entre las medidas para reducir el absentismo, la patronal también propone que se incluyan en los convenios colectivos cláusulas que lo desincentiven, para lo que habría que reducir o eliminar las mejoras que sobre la prestación de incapacidad temporal pagan algunas empresas.

Por último, desde la organización empresarial se sugiere que para mejorar la gestión del absentismo se ponga en marcha un sistema de información «on line» que permita simultáneamente y en tiempo real a los servicios públicos de salud, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes, conocer las bajas y altas que se producen, así como disponer de la historia clínica en internet de los trabajadores protegidos, accesible para el personal médico que les trate desde cualquiera de las distintas entidades que gestionan la enfermedad, común, el accidente de trabajo o incluso la prevención de riesgos laborales, lo que, argumentan, permitiría una mejor toma de decisiones por parte de los facultativos médicos en la elaboración de los diagnósticos.