El Tribunal de Luxemburgo sentencia que España viola el Derecho comunitario en materia de libertad de establecimiento

La normativa comercial española impone a los poderes públicos la obligación de tomar en consideración la existencia de un equipamiento comercial en la zona correspondiente y los efectos de la nueva implantación sobre la estructura comercial de dicha zona, mientras que la normativa catalana obliga a los poderes públicos a elaborar, en el marco del procedimiento de concesión de licencias, un informe sobre el grado de implantación del solicitantes de la licencia en su mercado.

Luxemburgo considera que estas dos exigencias, puramente de carácter económico, no pueden constituir una razón imperiosa de interés general y justificar una restricción de la libertad de establecimiento, por lo que señala que “el principio de libertad de establecimiento se opone a las disposiciones nacionales y catalanas que exigen la aplicación de límites relativos, por una parte, al grado de implantación de la empresas solicitante de la licencia y, por otra a la repercusión del nuevo establecimiento sobre el comercio minorista existente”.

Además el Tribunal añade que “el principio de libertad de establecimiento se opone a la disposición catalana que regula la composición de la Comisión de Equipamientos Comerciales, por cuanto dicha disposición garantiza la representación de los intereses del comercio minorista ya existente, pero no contempla la representación de las asociaciones activas en el ámbito de la protección del medio ambiente ni de las agrupaciones de interés que velan por la protección de los consumidores”.

España, según el Tribunal, ha incumplido por tanto las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libertad de establecimiento por haber adoptado y mantenido en vigor las disposiciones catalanas que prohíben la implantación de grandes establecimientos comerciales fuera de la trama urbana consolidada de determinados municipios, limitan la implantación de nuevos hipermercados a las comarcas en la que la oferta comercial existente no se considera excesiva y, por último, exigen que esos nuevos hipermercados no absorban más del 9% del consumo de productos de uso cotidiano o del 7% del consumo de productos de uso no cotidiano.