El CGPJ quiere extender la libertad vigilada a delitos de violencia de género

Otra de las propuestas es eliminar el derecho a no declarar que tienen la mujer y otros parientes del procesado, cuando sean víctimas o perjudicados. «En no pocas ocasiones no disponer del testimonio de la víctima —dicen— única prueba de cargo del delito que se persigue, llevará aparejada la impunidad del mismo». En este sentido se habla de una reforma legislativa con un doble ámbito y alternativamente se plantea que se permita la lectura en el juicio de las declaraciones iniciales que esas personas, víctimas o testigos, hubieran hecho durante la instrucción de la causa y de las que luego se hubieran desdicho.

El informe recomienda estudiar que la confesión y la reparación del daño en violencia de género sean eliminadas como circunstancias atenuantes , un planteamiento sin duda polémico que explican con datos. Según los estudios de este equipo, en más del 30 por ciento de las sentencias por homicidio o asesinato de pareja o ex parejas se ha tomado la confesión como atenuante. Ellos consideran que en este tipo de crímenes contra mujeres «lleva más un componente de jactancia o reafirmación de lo realizado que de arrepentimiento».

Los magistrados insisten en un antigua exigencia: la eliminación del alejamiento forzoso en cualquier condena como figura en la ley para que sea el juez el que tenga la facultad de tomar esa decisión y motivarla. Aunque reconocen que tras el primer episodio de maltrato el riesgo «se incrementa», estiman que imponer el alejamiento forzoso puede acarrear «situaciones indeseadas».

Los expertos ponen el acento en que cuando el agresor quebrante la orden de alejamiento con el consentimiento de su pareja, ese «acuerdo» sea irrelevante, dado que en algunos casos acaba condenada la mujer. Los jueces sostienen que ese consentimiento no exime de responsablidad al individuo que vulnera la medida.

En el informe se solicita que se modifiquen los artículos que resultaron más polémicos de la ley , es decir, aquellos que agravan las penas para los hombres —malos tratos ocasionales, amenazas leves, coacciones leves y lesiones— y que provocaron multitud de recursos de inconstitucionalidad. Pese a que el TC los respaldó, los jueces creen que «no ha eliminado la disparidad de las respuestas judiciales y está afectando a la seguridad jurídica».

El documento, un análisis de 45 páginas, aborda también la sustitución de las penas privativas de libertad y aboga por un «tratamiento unitario» para los programas de rehabilitación de maltratadores. Según los magistrados, sólo deben gozar de una medida sustitutiva quienes sigan programas de reeducación y de tratamiento psicológico.

El CGPJ aborda asimismo el tan traído síndrome de alienación parental (SAP) -predisponer a los hijos en contra del padre- del que se constata su presencia a la hora de aplicar la ley y recomienda a las personas e instituciones que se ocupan de la violencia de género que este alertas ante la presencia de este supuesto síndrome que «carece de base científica que lo avale».