España, excluida de los puestos de mando de la diplomacia europea

El Gobierno presumió de que España había salido muy bien parada en el reparto de embajadores de la Unión. Un autobombo que dio argumentos para que se nos excluyera de los cargos directivos en el puesto de mando, según subrayan fuentes diplomáticas que siguieron de cerca la negociación.

El nuevo servicio diplomático europeo se conforma como un ministerio de Asuntos Exteriores. La representación y gestión externa se lleva a cabo a través de las embajadas, pero la estrategia se realiza en la cúpula —«la Burbuja, en lenguaje comunitario»—, en la dirección central, de la que ha sido excluido nuestro país. Con una red de 130 embajadas y 50.000 millones de euros, el Servicio Europeo de Acción Exterior pretende ser la organización diplomática más potente del mundo.

El antiguo ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que fue quien pilotó la negociación, presumió de las embajadas que habían sido asignadas a España, a saber: Argentina, que estará en manos de Alfonso Díez; Angola, que irá a parar a Javier Puyol Pinuela; Namibia, a Raúl Fuentes Milany; y Guinea Bissau, a Joaquín González Ducay. Reparto al que se podría añadir el puesto de número dos de la embajada en China, que será ocupado por Carmen Cano de Lasala. El titular de esta embajada será el alemán Markus Ederer.

Pero en realidad las expectativas eran muy diferentes, según revelan las fuentes: la aspiraciones iniciales se centraban en Brasil, Líbano, Senegal o algún país del norte de África, que habrían complementado de manera más eficiente el actual servicio diplomático español. Debe tenerse en cuenta, además, que los representantes en Angola y Guinea-Bissau, Puyol y Pinuela, eran funcionarios de la Comisión Europea, con cuyo nombramiento nada tuvo que ver el Ministerio español de Exteriores.

Hubo un intento de hacerse con un cargo en la dirección central del Servicio de Acción Exterior de la Unión. El Gobierno aspiró a conseguir la dirección del Comité Político y de Seguridad (COPS). Pero, en su incursión por «la Burbuja», Moratinos se vino de vacío. El puesto fue finalmente asignado a un sueco. «Ni ha habido una estrategia clara para centrar el tiro, ni se ha peleado lo suficiente. Se pusieron todos los huevos en la misma cesta. Y se negoció de una manera muy personalista», sentencian las fuentes.

Para terminar de enredar las cosas, además, no terminó de funcionar la sintonía entre el entonces ministro y la Alta Representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la británica Catherine Ashton, entre quienes hubo algún que otro encontronazo.

En lo alto del organigrama del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea figura la Alta Representante, la británica Catherine Ashton, auxiliada directamente por un irlandés como «jefe operativo», un francés como secretario general y un alemán y un polaco como vicesecretarios. El muy influyente Comité Político y de Seguridad (COPS) está dirigido por un sueco. Y a ese mismo nivel, la unidad de Coordinación Operacional y de Crisis queda en manos de un italiano.

Por otro lado, se encuentran las áreas de gestión regionales: la de Asia bajo responsabilidad de un rumano; la de África la dirige un británico; la de Rusia y Balcanes, un eslovaco; la de Oriente Próximo y «Vecinos del Sur», un francés; y la de América, un sueco. Entre los puestos de alta responsabilidad sólo falta por cubrir la dirección de Asuntos Multilaterales y Globales, aunque existe la posibilidad de dejar definitivamente vacante ese puesto.

La teoría es que la negociación de estos cargos se hace desde criterios supranacionales. Pero esta es sólo la teoría. La realidad es que, sin perder de vista la necesidad de alcanzar un acuerdo de consenso, las negociaciones más endiabladas en la Unión son las relacionadas con el reparto de influencia y poder en las instituciones. Es más, una vez acordada una cuota nacional en algún órgano comunitario, ésta ahí queda para los restos. Casi como acervo comunitario. Es el caso, por ejemplo, del complejo entramado de los cargos de alto nivel en la Comisión Europea, donde cualquier pequeño cambio de personal es medida con lupa por todos los estados.

Lo paradójico del caso es que España ha sido un país pionero a la hora de poner en marcha el Servicio de Acción Exterior Europeo. El primer político que ocupó el cargo de Alto Representante de la Unión fue el español Javier Solana, quien sólo pudo alcanzar el puesto gracias al apoyo del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, quien, por cierto, debió negociar muy duramente para sacar adelante el nombramiento.

Por aquella misma época, Miguel Ángel Moratinos era nombrado enviado especial de la Unión Europea para Oriente Próximo. Ambos, Solana y Moratinos, conspicuos socialistas que contaron con el apoyo del gobierno del Partido Popular. El peso que tenía nuestro país en la Unión en aquellos años y el que tienen en la actualidad parece haber variado sustancialmente.