«Pretenden que nuestra actuación con el aborto sea dar un papelito»

—¿Cómo está siendo la aplicación de la nueva ley?, ¿han aumentado o disminuido los abortos?

—La verdad es que los Colegios no tenemos datos sobre eso. Yo sé que los médicos de Atención Primaria contactaron con nosotros (el Colegio) aquí en Toledo porque les llegaban pacientes buscando iniciar los trámites, y algunos de los médicos querían plantear objeción de conciencia.

—¿Es necesario registrarse para hacer objeción de conciencia en Castilla-La Mancha?

—Nosotros consideramos que, como en todo, hay división de opiniones. Tenemos pendiente una reunión al final del verano para tomar una decisión en este sentido, pero no nos parece que el ejercicio de un derecho constitucional deba ir necesariamente ligado a que uno se apunte en una lista, que además es de acceso público. Tenemos informes jurídicos —por ejemplo, la Ley de Protección de Datos lo prohíbe—, que argumentan que no se deben hacer registros o ficheros ligados a datos religiosos, ideológicos, de afiliación sindical... Y consideramos que éste es uno de esos registros por lo tanto tenemos nuestras dudas en ese sentido.

La única administración

—Es decir, ¿ahora mismo un médico de la región que quiera objetar tiene que apuntarse en una lista?

—Claro. Así lo ha establecido la Administración autonómica, la única en España que lo ha hecho, por lo que para ejercer ese derecho de la objeción hay que apuntarse en ese registro. El resto de las comunidades, hasta el momento, no lo han hecho, y no sé si lo sacarán después del verano; pero, en

principio, es sólo la nuestra. Es importante, y nos plantea serias dudas, el que hagan este tipo de registros porque la ley no sólo no lo contempla sino que lo prohíbe.

—¿Considera que debería ser al revés, que se inscribiesen los médicos que sí practican abortos?

—Esa es otra cosa, porque uno de los problemas que tiene esta lista es que se puede usar como una lista negra. Lo que ha dicho la Administración es que la mayoría, por no decir todos los profesionales, podrían ejercer esa objeción de conciencia, y han dicho que lo harán. Por lo tanto, sería más económico y más rentable apuntar a los que sí quieren practicar abortos en lugar de los que no, que son la inmensa mayoría.

—¿Usted considera, por tanto, que es una forma de que la Ley funcione gracias al miedo?

—Claro, es una forma, sí. Porque podrían decir «que se apunten los que quieren hacerlo, vamos a terminar antes» y en teoría, si son cuatro o más, —que no lo sé porque nosotros no disponemos de datos—, desde el punto de vista de la ejecución, sería mucho más fácil. El hecho de que se tenga que apuntar el que no quiere ya está indicando cierta intención en señalar a la persona.

Discriminación laboral

—Dicen que la mayoría de los ginecólogos y anestesistas se declaran objetores al aborto aquí.

—Sí, por lo que se comenta, en esta Comunidad la mayoría de los ginecólogos y anestesistas, que son los profesionales que pueden plantear la objeción, han dicho que quieren ejercerla. La posibilidad de hacer una lista negra así resulta más difícil porque son la mayoría, pero en el supuesto de que se hubiesen apuntado el 10 por ciento, —que podría haber ocurrido—, entrar ahí, en una lista que todo el mundo puede consultar, puede conllevar discriminación para acceder a determinados puestos de trabajo, y eso es algo que debe evitarse. Además, repito, la legislación prohíbe hacer un fichero de

este tipo.

—Al existir una objeción generalizada, las mujeres que quieren abortar tienen que ir a Ciudad Real, Albacete u otras comunidades, ¿cómo valora este hecho?

—Antes de la nueva Ley, en la normativa de la Consejería que salió, existen unos centros privados que lo practican. Hay uno en Ciudad Real y otro en Albacete, creo recordar.

—¿Cree que la Consejería debe trabajar para que cada mujer pueda abortar al menos en su provincia?

—Depende. Puede ser un objetivo político, y no tengo nada en contra, aunque es el Gobierno o la autoridad sanitaria la que debe buscar esa posibilidad. Ellos creen que es un derecho que deben ofrecer, o al menos un servicio más que un derecho a los pacientes. A partir de ahí no tengo nada que decir a eso, me parece razonable que los profesionales que quieran lo practiquen y que canalicen ahí a los pacientes.

Fuera del quirófano

—¿Que garantías tienen los profesionales que quieran objetar y que no son los que trabajan en el quirófano?

—Está regulado que no pueden hacer objeción de conciencia, y no nos parece correcto. De hecho nosotros, aquí, en el Colegio de Toledo, hemos tenido una reunión para ver cómo podemos solucionar el tema para el personal de Atención Primaria, psiquiatras, etc., que plantean que quieren hacer objeción de conciencia. El respaldo institucional, a nivel internacional, los colegios deontológicos europeos, e incluso del resto del mundo, plantean estas restricciones. Consideramos que no sólo el ginecólogo, el anestesista y la enfermera son los que puedan plantear la objeción de conciencia, no estamos de acuerdo. Y ahora, a la vuelta de verano veremos qué dice nuestra Comisión Deontológica. Probablemente tomaremos alguna medida en ese sentido porque no nos parece correcto. Además, hemos recibido peticiones de médicos de éstas y otras especialidades que querrían también ejercer su

derecho de conciencia.

—En la reunión del Consejo de Colegios de Médicos de la región con el consejero de Sanidad, Fernando Lamata, ¿se llegaron a plantear este tipo de cuestiones?

—No hasta donde yo sé, ya que personalmente no pude acudir. Lo que sí se expresó fue alguna crítica que planteamos nosotros al principio, cuando nos vimos sorprendidos por la salida inmediata de esta normativa y la del registro. Que yo sepa no se habló del asunto porque, además, ya no depende tanto de nuestra Consejería como del Gobierno central al tratarse de la Ley que limita la objeción de conciencia.

—Ha existido una queja del Consejo de Estado y varias comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, por la falta de fondos para la aplicación de la Ley, ¿cómo es la situación en nuestra región?

-No lo sé. Desde luego estamos en un momento de crisis dura, y en Toledo y en otras comunidades se ha reducido el sueldo a todo el personal sanitario igual que a los funcionarios, e incluso en la actividad concertada por la tarde, lo que habitualmente llamamos peonadas. Es decir, problemas económicos, los hay.

—Se ha llegado a plantear la necesidad de una gran pacto político para la sanidad pública en general y el aborto en particular. ¿Usted lo ve necesario también?

—Yo creo que hace falta una mejor y mayor coordinación de los 17 sistemas de salud que tenemos en España. Siempre está el Ministerio que hace esa labor, pero la sensación entre los profesionales es que poco a poco nos vamos separando más. Creo que mucha gente y los políticos ven la necesidad de coordinar los distintos sistemas de salud, lo que redundaría además en una mejor economía de medios. Estamos en crisis y, por poner un ejemplo, que tengamos 17 historias electrónicas distintas, al trabajarse de forma independiente, obliga a que ahora se tenga que hacer un esfuerzo para ver cómo se integran. A cualquiera le llamaría la

atención esto, y en época de crisis más.

Dar un «papelito»

—¿Cree que se informa correctamente tanto al personal sanitario como a la población del tema del aborto?

-No, yo creo que no, y de hecho por lo que hemos visto de la nueva normativa nos han querido utilizar simplemente como personas que dan un papelito. La gente que quiere abortar, como en otras intervenciones quirúrgicas, espera que el médico le pueda aconsejar y explicarle, pero su papel se limita a darle fotocopias de unos artículos de la Ley. Y esa no es la forma más clara. El papel del médico es ese: imprimir esos dos artículos, la paciente se los lee, y a los tres días vuelve o no vuelve...Yo creo que hay que informar con más detalles sobre los pros, los contras y de otras opciones, y evidentemente ahí el médico debería jugar un papel más activo. Algunos médicos de Atención Primaria se han visto sorprendidos por limitarse a dar un papel. Para eso basta con poner un folleto, lo recoge la interesada donde nadie la vea, y así se evita la participación del médico.

—¿Tienen constancia de denuncias de familias debido a que se permite a menores de edad abortar sin el consentimiento de sus padres?

—Que yo sepa, no tenemos aún constancia de denuncias, pero este es un punto que creará problemas y es algo que nos preocupa. Inicialmente surgieron bastantes voces en contra, entre ellas la del presidente del Congreso, José Bono, y del presidente de la región, José María Barreda, pero al final la solución que se ha dado es que sea el médico el que decida si lo que cuenta la menor es correcto, si hay riesgo y puede haber peligro por parte de los padres, con lo cual si hay alguna denuncia, al final va a ser el médico el que va a tener que sufrirla. Hay una cierta desprotección jurídica del médico.