El PAR sale a la calle contra el proyecto de Ley de Lenguas de sus socios del PSOE

Catorce comités locales del PAR, de otros tantos municipios de la Franja oriental que limita con Cataluña, se han unido para expresar públicamente su rechazo a la propuesta de ley del PSOE. En los últimos meses han llevado a cabo varias movilizaciones, pero ahora refuerzan sus protestas. El próximo sábado, dirigentes y afiliados del PAR de esas catorce localidades se concentrarán en Monzón (Huesca) y el 24 de octubre lo harán en Fraga, también en la provincia de Huesca. Serán dos jornadas de afirmación aragonesista y de rechazo de la Ley de Lenguas del PSOE. Dicen que dar cobertura legal al catalán en esta región es un desatino y niegan que se le pueda considerar «lengua propia e histórica de Aragón».

En 1999, las Cortes regionales aprobaron una ley que instaba a regular el uso de las lenguas que se hablan en Aragón, y entre ellas citaba expresamente el catalán. Sin embargo, la aprobación de la Ley de Lenguas ha estado aparcada durante todos estos años, por lo espinoso del asunto.

Al final, el PSOE lo ha encarado, pero no ha contado con el respaldo inicial del PAR, así que la Ley de Lenguas no ha llegado a las Cortes regionales como proyecto de Ley sino como propuesta del grupo parlamentario socialista.

El PSOE ha tenido especial interés en evitar la polémica. Su propuesta de ley la presentó el pasado 2 de julio. Reconoce el catalán como una de las lenguas de Aragón, pero no declara su cooficialidad, regula el derecho a hablar dicha lengua, pero no impone obligaciones al respecto.

El PSOE, dispuesto a negociar

Aún con todo, el PAR se opone y su punta de lanza son sus comités locales en las comarcas limítrofes con Cataluña. Niegan la mayor y aseguran que lo que allí se habla no es catalán sino modalidades lingüísticas propias, tejidas a lo largo de los siglos en esa parte de Aragón. Creen que hablar de catalán, sin más, significa someter dicho patrimonio lingüístico aragonés a los criterios de normalización del catalán oficial, y exponerlo a las aspiraciones de los nacionalistas catalanes.

El PSOE insiste en que es una ley de mínimos que no crea obligaciones y sólo regula el derecho a hablar voluntariamente el catalán. Considera que lo que se habla en estas comarcas aragonesas es catalán, pero está abierto a negociar el texto de su propuesta de ley que, hoy por hoy, no cuenta con el respaldo de sus socios de gobierno.