Gritos de crisis bancaria y susurros de reforma en las cajas de ahorros

Algunos de los principales bancos y cajas de ahorros han empezado a reclutar por vía de apremio a sus antiguos prejubilados como alternativa para recuperar ese expertise derrochado tras la reiterada manía de mandar a la reserva a todos aquellos directivos que cometieron el pecado de entrar en su segunda juventud con la sana aspiración de encontrar un nuevo plan de carrera. Después de emplearse a fondo en un proceso de ingeniería profesional financiado a golpe de talonario, las grandes entidades están ofreciendo nuevas y exquisitas gratificaciones como reclamo para llamar a filas a los viejos del lugar, los únicos que conocen la fórmula mágica de cobrar esos créditos dudosos que están transformando lo que era un simple problema de liquidez en la más grave crisis de solvencia que se recuerda en el sector desde finales de los setenta.

La paradoja de una política de recursos humanos rayana con el esperpento sirve de moraleja para comprender la alegría con que se han llevado a cabo determinadas prácticas bancarias cuyo grado de frivolidad ha aflorado con toda crudeza ante la incertidumbre de la gran recesión económica. Decía Galbraith que existen dos tipos de economistas; los que no saben nada y los que ni siquiera saben eso. La cita viene al pelo para evidenciar la alarmante falta de ideas ante ese cambio global del ciclo económico que amenaza con arrasar a toda una clase dirigente incapaz de superar sus propias y nefastas contradicciones.

En el mercado financiero español la situación recuerda a la que hace poco más de un año se dibujaba en el sector inmobiliario, con todas las grandes promotoras corriendo del tsunami en una huida hacia delante que se ha demostrado infructuosa. Los que no han suspendido pagos han tenido que aceptar procesos de refinanciación preconcursales que han derribado sus imperios de pacotilla como si fueran castillos de naipes. En el mercado bancario, donde el miedo supera a la vergüenza, las quiebras están terminantemente prohibidas pero eso no significa que el Gobierno no tenga que imponer un toque de queda para garantizar la estabilidad del crédito.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de momento, se ha enrocado en la torre de marfil que brinda el Banco de España ante los gritos de socorro que se emiten desde las diversas latitudes del sector. El gobernador no quiere mover ficha hasta que los Botín, FG y compañía se cuadren en primer tiempo de saludo con alguna propuesta unánime de actuación que traslade la responsabilidad del regulador con carácter solidario hacia sus regulados. Mafo pide un imposible porque la fatiga de la crisis ha agotado la escasa confianza entre las grandes marcas y el hambre que están padeciendo algunos se ha juntado con las ganas de comer que siempre han sentido otros.

Miguel Martín y Juan Ramón Quintás escenifican la acérrima rivalidad institucional que echa fuego estos días dentro del mercado de crédito. El primero, como representante corporativo de la banca privada, está convencido o así intenta demostrarlo de que aquí no pasa nada y quiere mantener a raya al Gobierno para que no cunda el pánico. El Banco de España agradece la labor de su antiguo subgobernador porque Mafo parece haberse contagiado por el mismo síndrome del avestruz que atacó hace un año a Zapatero y de la misma forma que el presidente negó hasta la saciedad la crisis económica, el gobernador se resiste ahora a reconocer el alcance de la crisis financiera. Mientras el cuerpo y el Fondo de Garantía aguanten no hay que dar cuartos al pregonero y así se explica que el rescate by the face de Caja Castilla-La Mancha, cuyo agujero se estima en casi 4.000 millones de euros, se haya disfrazado con los abalorios de esa fusión con Unicaja que puede sentar un precedente muy negativo de cara al proceso de reconversión que demanda el sistema financiero español. Nada tendría de extraño que en este aquelarre de engaños colectivos hasta el propio Juan Pedro Hernández Moltó se saliera con la suya de ser investido vicepresidente de la futura entidad resultante en un ejercicio de hipocresía institucional destinado a salvar responsabilidades y apariencias para mayor gloria y no menor recochineo del gobierno regional que preside José María Barreda.

Las cajas de ahorros, a través de la confederación que preside Quintás, han salido al quite advirtiendo que la crisis actual no se puede atacar, como reclama Martín, con los mecanismos tradicionales que se utilizaron hace treinta años. La dimensión y sofisticación del negocio exigen ahora una acción coordinada e indiscriminada como pudiera ser la creación de un fondo de recapitalización dotado con recursos públicos en una proporción equivalente al importe de los activos tóxicos que acumula el sector. Solbes ha tomado nota pero no está dispuesto a ensanchar todavía más el agujero del déficit público, por lo que ha preferido curarse en salud con una reforma a fondo de la LORCA (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros). El Ministerio de Economía ultima de urgencia un proyecto de regulación que va a suponer un vuelco en el ordenamiento jurídico de este segmento del mercado. El Gobierno se sacudirá las responsabilidades ante una eventual crisis sistémica en el sector financiero y las cajas de ahorros deberán pasar a mejor vida para que otros puedan sobrevivir. Es de ley, aunque esta vez sería más preciso decir que se hace por decreto y a hurtadillas.