El PSOE se asegura apoyos para ampliar el aborto antes de verano sin consenso con el PP

El pretendido debate ha sido un doble fracaso o una doble tergiversación: no habrá consenso y ni existía ni se espera que se produzca en relación con la necesidad de ampliar la ley del aborto ningún debate social. Ha quedado demostrado que era una inquietud ficticia en la sociedad y sólo planteada desde las filas socialistas.

Sin pena ni gloria

Ha pasado la discusión por el Congreso sin pena ni gloria. Lo que más ha dolido al Gobierno y al grupo socialista, según reconocen en privado, es el nulo impacto mediático que han tenido las comperecencias, con el que pretendían agitar socialmente el debate. El desarrollo de la subcomisión sólo ha inquietado a los grupos pro vida, que han comprobado, como se temían y como señala Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír, que «no era más que una mera cortina de humo, una excusa para aprobar una ley de plazos, aborto libre para un periodo dado, que permitirá actuar a las clínicas abortistas aún con mayor impunidad».

Tan escaso interés ha despertado el debate sobre la ampliación del aborto que Pajín y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, han mantenido en las últimas semanas contactos con comentaristas políticos, responsables de programas de radios y televisiones y representantes de medios escritos para quejarse de «la inexistencia de debate social» e intentar promover que se colocara la discusión en la calle.

La sociedad no ha respondido a las expectativas que se habían marcado los socialistas, las feministas y los abortistas y esto ha precipitado los trabajos de la subcomisión. Su presidenta, la ex ministra Carmen Calvo, ha impuesto un ritmo frenético en las sesiones, de tal modo que este viernes concluyen las intervenciones de los especialistas designados por los partidos (han pasado una treintena) y antes de que se ponga fin a febrero (con dos meses de antelación) estará elaborado el pertinente informe. Éste será inmediatamente presentado al Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad (integrado en su inmensa mayoría por reconocidos pro abortistas y en el que no aparece ni un solo defensor de la vida), que seleccionó personalmente Aído. Comité que será el responsable de redactar el anteproyecto de ley que recibirá el visto bueno del Consejo de Ministros aproximadamente en marzo. Así, la ley, casi seguro, será aprobada sin consenso en el Congreso antes del verano.

Postura cerrada

El informe de la subcomisión saldrá adelante sin negociar con el PP, que no suscribirá lo que se acuerde en el mismo y que incluirá un voto particular para que conste su postura. La portavoz popular, Sandra Moneo, da por perdida «cualquier posibilidad de consenso. El PSOE ha llegado a esta subcomisión con su postura muy cerrada y sin ganas de escuchar a los que no estén de acuerdo con sus tesis. Faltando incluso al respeto a comparecientes propuestos por el PP».

Esas tesis, escuchados los intervenientes elegidos por el Grupo Socialista, entre los que han llamado la atención los representantes de las clínicas abortistas, que han disfrutado de hasta tres oportunidades para exponer sus puntos de vista, se resume en una ley de plazos.

Doce semanas

Lo ha reconocido recientemente la propia ministra Aído en algunas reuniones en las que ha argumentado que la mayoría de los países de nuestro entorno tienen una ley de plazos de doce semanas, propuesta que tampoco parece entusiasmar a algunas asociaciones feministas, que así se lo han hecho llegar. Aído ha matizado entonces que «podrían ser más semanas», aunque indica que «nunca se llegaría a las veinticuatro de la ley inglesa».

Conviene recordar que los ginecólogos consideran que los fetos son viables por encima de las 21 semanas, cuando pesan en torno a los 500 gramos y que, por consiguiente, no deberían ser sometidos a abortos, sino entregados a los neonatólogos.

Ya sean 12, 14 ó 18 las semanas, la portavoz popular en la subcomisión entiende que «será un periodo en el que el no nacido quedará desprotegido, por lo que el Partido Popular, una vez que se apruebe la ley, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional», que ya se manifestó sobre la Ley en 1985.