El exalcalde de Toledo afirma que en su vida ha cobrado «comisión alguna»

José Manuel Molina ha asegurado a su salida de la Audiencia Nacional que nunca en su vida ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado «ningún acuerdo ilegal». En declaraciones a los periodistas después de comparecer como imputado ante el juez del caso Bárcenas, Molina ha mostrado su «satisfacción» porque ha podido defenderse «de un serie de injurias» de las que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de hablar porque, según ha dicho, actualmente reside en la República Democrática del Congo, donde trabaja como canciller en la Embajada española. «He dejado clara mi inocencia», ha asegurado, y ha añadido que ha aportado pruebas de que «nunca» ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado «ningún acuerdo ilegal» cuando era alcalde de Toledo.

«Mi mayor patrimonio es mi honor personal y tomaré las acciones oportunas», ha agregado acto seguido.

Preguntado por aspectos concretos de la declaración, que ha durado una hora y cuarto, no ha querido responder «por respeto a su señoría» y porque, según ha reiterado, ha aportado pruebas para defenderse.

El ex primer edil del PP ha sido citado por la supuesta adjudicación irregular en 2007 por parte del Ayuntamiento de Toledo de una contrata de limpieza a Sufi, filial de Sacyr.

El juez le ha citado para aclarar la concesión de esa adjudicación a Sufi, ya que se investiga si la comisión de 200.000 euros supuestamente entregada por responsables de Sacyr al extesorero del PP Luis Bárcenas fue destinada a financiar la campaña electoral de 2007 de la actual presidenta de Castilla La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

En el auto en el que acordó imputarle, Ruz afirmaba que el papel de Molina en el proceso de adjudicación del contrato a Sufi por un periodo de 14 años, que finalmente costó al consistorio 11 millones de euros, podría ser constitutivo de delitos contra la Administración Pública (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias).

Molina, que era alcalde de la ciudad cuando se aprobó una modificación del contrato que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos legales, está imputado por los delitos contra la administración pública de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.