El Sescam dice que el interés particular no parará la obra del hospital

Alrededor de tres millones de euros es lo que reclama este taller toledano de arquitectos al que le fue adjudicada la dirección facultativa del hospital que se inició durante la Presidencia del socialista Jo sé María Barreda y que fue paralizado por el Ejecutivo de Cospedal para comenzar un nuevo proceso que la sobredimensión del gasto de la enorme estructura hospitalaria y la ejecución a solo el 30% justificaban.

Carrión lanzó un mensaje tranquilizador y explicó que precisamente la Ley de Contratos del Estado prevé la existencia de estos recursos «para evitar que se prolonguen en el tiempo las demandas judiciales». Preguntada entonces por qué efectos tendrá esta paralización, explicó que «después de la presentación de ofertas tendremos que esperar la resolución que haga este tribunal, que tradicionalmente y además por ley responde con agilidad y rapidez y seguiremos adelante con el procedimiento». A su juicio, otro recurso en marcha, el que presentó hace unas semanas el PSOE de Castilla-La Mancha contra el modelo sanitario público-privado del hospital, «aún no ha tenido efecto y esperamos que no lo tenga». Lo que sí espera el Sescam con gran interés es tener cuanto antes en marcha el proceso de construcción del hospital porque creemos que es necesario, que los ciudadanos de Toledo lo necesitan y se lo merecen, y esperamos poder llevar adelante el proceso con la mayor celeridad posible. Es un proyecto muy importante, el más importante que tenemos entre manos, y nuestro interés es que pueda construirse en el menor tiempo posible».

A la pregunta de si el taller de arquitectos Sánchez Horneros podría ver atendidas sus demandas, al menos de forma parcial, Carrión quiso dejar claro que el recurrente también ha interpuesto una demanda judicial ante el juzgado de instrucción «y éste ya le ha denegó la aplicación de medidas cautelares en mayo de 2013; es más, la Audiencia Provincial de Toledo, en febrero de 2014, se las volvió a denegar». A su juicio, «el interés particular de una empresa no puede estar por encima de los intereses de la ciudadanía. Es legítimo que recurra, sí, si se sienta afectada, pero aquí no esperamos ningún retraso importante».

Con independencia de que el citado recurso ralentice o no el proceso, al día 30 de septiembre habrá que sumar al menos 10 días más para la presentación de ofertas, ya que se da un plazo adicional por si aquellas se presentan en el registro de otras provincias. Según esta premisa, sobre mediados de octubre ya se podrá poner en marcha el mecanismo de análisis de ofertas y la adjudicación definitiva a una empresa o Unión Temporal de Empresas (UTE).

Entre las reacciones políticas a esta suspensión provisional del proceso destacan las del secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García-Page, quien aseguró este martes que se trata de «un aviso a navegantes para las empresas que negocian con la sanidad; un aviso de que algo raro pasa en la contratación y de que hay indicios de problemas», advirtió. Añadió que la decisión que verdaderamente le importa es la de los tribunales, pues esto «es un aviso a navegantes que debe hacer reflexionar a muchas empresas que están siendo empujadas a desembolsar grandes cantidades de dinero con un enorme riesgo judicial».

La visión de la portavoz regional del PP, Carmen Riolobos es muy diferente. A su juicio, el proyecto del futuro hospital de Toledo es «ejecutable y razonable» y «se podrá mantener». Para ella, la suspensión cautelar por el recurso presentado a raíz de un pleito anterior de Sánchez Horneros con la empresa públicaGicaman, no afectará. «Los toledanos pueden estar tranquilos porque van a tener su hospital y porque la presidenta Cospedal antepone que haya boxes para enfermos a despachos de lujo asiático», en referencia a los de la Consejería de Sanidad construida en tiempos de Barreda.