Una ley para dignificar la discapacidad
El Gobierno de Cospedal da luz verde a un anteproyecto para garantizar la igualdad de oportunidades en la región de las personas con discapacidad con una dotación de 300 euros anuales
VALLE SÁNCHEZ
Con el objetivo de «dignificar» la discapacidad nace la nueva Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y presentado por el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz. ... Se trata, según dijo, «de una ley cuyo objetivo esencial es garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de quienes tienen algún tipo de discapacidad», un colectivo que supera las 130.000 personas en Castilla-La Mancha, el 6% de la población.
Según explicó el consejero, la ley, que el miércoles fue calificada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, como la más avanzada de España , podría estar lista «a finales de este ejercicio o a principios del próximo» y supondrá una inversión cercana a los 300 millones anuales. Da especial protección a la mujer, incluye sanciones para quienes violen el derecho a la igualdad, reconoce el derecho a entrar en espacios públicos a perros de asistencia y, además, determina las responsabilidades que las familias, las empresas, las entidades locales, el Gobierno o la propia televisión regional deben tener de forma especial con este colectivo. Echániz recordó que «las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha saben que cuentan con la implicación de todo el Gobierno regional». Se trata de una iniciativa legislativa que «mejorará la calidad de vida de miles de personas con discapacidad y sus familias».
Impacto de discapacidad
El nuevo texto legal incorpora la necesidad de aportar un informe de «impacto de discapacidad» en todas las iniciativas de carácter normativo y estratégico de todas las consejerías de Castilla-La Mancha . «Entre todos hemos contribuido a elevar y dignificar las cuestiones que afectan a la discapacidad, situándolas en el primer nivel de la agenda del Gobierno», aseguró Echániz. Gracias al acuerdo con la mayoría de las asociaciones del sector, el texto «incorpora sanciones para quienes violen el derecho a la igualdad de quienes tienen alguna discapacidad, abusen de su imagen, de su trabajo o su precariedad», explicó Echániz. La nueva ley abarca también la promoción de la salud y la prevención de situaciones de discapacidad y «contempla una atención integrada con el Sescam para elaborar protocolos de detección de la discapacidad o el riesgo de tenerla».
Especial a la mujer
Entre los aspectos novedosos del texto, al que se ha llegado fruto del acuerdo del sector, se encuentran la especial protección de la mujer con discapacidad, «con medidas en las políticas de empleo o en las de acceso a la vivienda pública». También se reconoce el derecho de las personas con discapacidad, no sólo de las personas ciegas, a ser acompañados en espacios y edificios públicos por sus perros de asistencia.
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales recalcó que «se trata de una ley cuyo objetivo esencial es el reconocimiento jurídico expreso de las personas con discapacidad como titulares de derechos». A su juicio, se «garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de quienes tienen algún tipo de discapacidad». Echániz recordó que el texto legal es el resultado de los seis grupos de trabajo, puestos en marcha en julio de 2013, en colaboración con el Cermi de Castilla-La Mancha . Estos grupos se han dedicado a la atención temprana y a la educación inclusiva, a la sostenibilidad y estabilidad del sector, a la promoción de la autonomía personal, al empleo, a la accesibilidad universal y, por último, a la cultura, el deporte y el ocio normalizado. El consejero agradeció «el diálogo constructivo» con las asociaciones más representativas del sector de la discapacidad en Castilla-La Mancha. «Gracias a este texto, las personas con discapacidad han dejado de ser espectadores para convertirse en protagonistas de la vida pública», dijo, por último.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria de las ayudas, por dos millones, para la atención de la infancia y familiar y las ayudas para los programas de menores afectados por medidas de protección o judiciales. Además, autorizó un gasto de 26 millones de euros para el funcionamiento de las asociaciones de atención a las personas con discapacidad y otros 12 millones para las prórrogas de contratos de plazas residenciales.
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